Del crepúsculo del gamonalismo a la etnitización de la cuestión agraria en Chimborazo (Ecuador)

Abstract

Durante el último tercio del siglo XX, la crisis del régimen de hacienda en los Andes septentrionales marcó el inicio de una gran transformación social. En ese proceso, la identidad étnica devino en una poderosa herramienta de reivindicación por el acceso a recursos (y derechos) esenciales de los campesinos-indígenas sometidos al poder de los terratenientes. Tomando el ejemplo de la provincia de Chimborazo, en la sierra central del Ecuador, y tras una revisión de las peculiaridades de ese longevo sistema de dominación, el artículo centra la atención en las formas y alcance de la insurgencia indígena-campesina hasta la consolidación del proceso de reforma agraria, entre las décadas de 1960 y 1980. A continuación, se establecen los vínculos entre el desenlace de la reforma, el fortalecimiento organizativo indígena y la etnitización de sus demandas como recurso estructurante de su relación con el Estado y las agencias de desarrollo, ya en las postrimerías del siglo XX. La intención es aportar reflexiones sobre algunos aspectos de la politización de la etnicidad que, desde un escenario concreto, interpelan a otros fenómenos comparables de la región andina.

In the 1960s, the crisis of the hacienda regime in the Andes of Ecuador signaled the beginning of a vast social transformation. In this process, ethnic identity became a powerful tool used to obtain essential resources and rights for indigenous peasants under the power of rural landlords. Centered on a case study from the province of Chimborazo, in the central mountains of Ecuador, this article reviews the specifics of this long-standing form of domination and explores the form and the impact of indigenous peasant uprisings until the consolidation of agrarian reform from the 1960s to the 1980s. The article discusses the links between the reform, the strengthening of indigenous organizations, and the re-ethnicization of their demands as a structural component of their relation to the state and agencies of development at the beginnings of the twenty-first century. The intention is to contribute to a discussion of aspects of the ethnicization of identities that address other comparable phenomena in the Andean region.

La miseria moral y material de la raza indígena aparece demasiado netamente como una simple consecuencia del régimen económico y social que sobre ella pesa desde hace siglos. Este régimen sucesor de la feudalidad colonial, es el gamonalismo. Bajo su imperio, no se puede hablar seriamente de redención del indio.

El término gamonalismo no designa sólo una categoría social y económica: la de los latifundistas o grandes propietarios agrarios. Designa todo un fenómeno. El gamonalismo no está representado sólo por los gamonales propiamente dichos. Comprende una larga jerarquía de funcionarios, intermediarios, agentes, parásitos, etc. El indio alfabeto se transforma en un explotador de su propia raza porque se pone al servicio del gamonalismo. El factor central del fenómeno es la hegemonía de la gran propiedad semifeudal en la política y el mecanismo del Estado. Por consiguiente, es sobre este factor sobre el que se debe actuar si se quiere atacar en su raíz un mal del cual algunos se empeñan en no contemplar sino las expresiones episódicas o subsidiarias. (Mariátegui [1928] 1994, 37)

Las afirmaciones de Mariátegui, de su ensayo El problema del indio, referidas al Perú y con el lenguaje propio de su época, se ajustan a la realidad de la provincia de Chimborazo (Ecuador) hasta avanzada la segunda mitad del siglo pasado. El objeto de este trabajo es mostrar cómo la crisis del gamonalismo constituyó allí el punto de arranque de una gran transformación social, y el fondo sobre el que la identidad étnica adquirió la dimensión de una poderosa herramienta de reivindicación por el acceso a recursos (y derechos) de los grupos subalternos sometidos a los terratenientes. Tras explicitar el marco teórico que circunscribe mi análisis y señalar las especificidades de Chimborazo como espacio histórico y etnográfico (primera parte); procedo a una somera revisión de las peculiaridades estructurales de ese sistema de dominación (segunda parte); centro la atención en las formas y alcance de la insurgencia indígena-campesina hasta la expedición de la primera Ley de Reforma Agraria (1964) (tercera parte); a fin de establecer los vínculos entre el proceso reformista (cuarto acápite), el fortalecimiento organizativo campesino y la etnitización de sus demandas como recurso estructurante de su relación con el Estado y las agencias de desarrollo, ya finalizando el siglo XX (quinto apartado).¹ La intención es reflexionar sobre algunos aspectos de la politización de la etnicidad desde un espacio, Chimborazo, que interpela en relación a otros fenómenos comparables de la región andina.

Conceptos, espacio y alcance de este texto

Conceptualmente, parto de la noción de administración de poblaciones como concepto válido para caracterizar al ciclo histórico que se abrió, tras la independencia, con el desarrollo de un régimen republicano que tuvo en el gamonalismo uno de sus principales ejes vertebradores y que entró en crisis terminal a partir, justamente, del desmoronamiento de aquél durante la segunda mitad del siglo XX.² En el caso ecuatoriano, el desmantelamiento del aparataje colonial en 1857 con la supresión del tributo indígena³ y la eliminación de las autoridades étnicas que lo sustentaba, unida a la cesión por parte de la República de la administración de esos sujetos no-ciudadanos —los y las indígenas— a actores particulares ciudadanos (fundamentalmente, en el medio rural, los terratenientes gamonales), redundó en la desaparición de sus intelectuales representantes (los caciques y curacas) de la esfera pública y la consiguiente circunscripción localista de sus adscripciones identitarias, imponiendo a ese mundo subalterno la ventriloquía como forma de intermediación pública (Guerrero 2010). La crisis de ese sistema con el final del orden gamonal, un siglo después, generó formas de representación política directa que terminaron insertadas en el multiculturalismo neoliberal de los años del último cambio de siglo.

En todo ese ciclo histórico de desarrollo y declive del gamonalismo —que no fue en absoluto estático— son perceptibles las pulsiones generadas entre las lógicas divergentes (cuando no opuestas) del Estado, los grupos dominantes y la capacidad (y ejercicio) de agencia de los sectores subalternos.⁴ Si bien el peso de la hacienda y las elites terratenientes ratificaba la existencia de esa administración privada de la población indígena-campesina, se fue conformando, como consecuencia del proceso de afianzamiento del Estado liberal, un sistema híbrido que tenía rasgos públicos por la vigencia de poderes fundamentados en la legislación estatal. Esto fue muy notorio con las atribuciones que iban asumiendo las autoridades locales, municipales y provinciales, así como con la construcción de un aparataje estadístico en manos del poder central (Prieto 2015; Goetschel 2017). De ese modo, la tendencia del Estado a ensanchar su ámbito de intervención —a través del crecimiento de su aparato burocrático-administrativo, por medio de una legislación (la Ley de Comunas, el Código del Trabajo o la misma Reforma Agraria son, como veremos, buenos ejemplos) que estatalizaba a las poblaciones indígenas, o a través de iniciativas delegativas como la de los proyectos indigenistas auspiciados desde instituciones internacionales—⁵ fue erosionando la ventriloquía política y entrando en colisión con los poderes locales-particulares conforme avanzaba el siglo XX (Ibarra 2015). Visto en perspectiva, estamos ante una modalidad privada de administración de poblaciones con crecientes ribetes de ser subsumida en un sistema público de pretensión integracionista. Ese estado de cosas quebró con la oleada reformista que puso fin al régimen de hacienda, abrió las espoletas de la movilidad social y el reconocimiento, ya en las décadas de 1980, 1990 y los primeros años del 2000. La pretensión central de este ensayo es, precisamente, analizar los cambios en la acción política indígena-campesina a tenor de la crisis del régimen gamonal, epicentro del sistema privado de administración de poblaciones republicano clásico, tomando la casuística chimboracense en una perspectiva cronológica amplia.

Quiero señalar, para finalizar esta introducción, algunas peculiaridades del territorio objeto de reflexión. En términos ecológicos, históricos y sociales, Chimborazo constituye un medio emblemático ubicado en el corazón de los Andes ecuatorianos. Emblemático porque, por diferentes razones, proyecta reverberaciones con las casuísticas de los Andes centrales. En primer lugar, por tratarse de un espacio diverso con características ecológicas propias de los Andes septentrionales (de páramo, en lenguaje coloquial) mezcladas con pisos de puna como en Perú y Bolivia, lo que dio como resultado la conformación de grandes haciendas de características similares a sus homónimas meridionales y enfrentadas a desafíos parecidos en la coyuntura del asedio campesino a que fueron sometidas durante los años sesenta y setenta del siglo pasado. En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, por tratarse de un escenario sobre el que se desarrolló el gamonalismo republicano con unas características muy similares a las descritas en su momento por Mariátegui para los Andes peruanos. Se trata, por más señas, de la provincia con el volumen más importante de población autodefinida como indígena en el país (Chisaguano 2006) y la que llegó a contar, al final del periodo analizado, con el mayor número de organizaciones étnico-campesinas de base y de segundo grado (Zamosc 1995).

Naturaleza y ciclo del régimen gamonal

Hablar de gamonalismo implica contemplar la articulación de la hacienda (el latifundio) a los niveles locales, regionales y estatales de la dominación étnica, constituyendo formas hegemónicas de ejercicio del poder integrantes de un régimen externalizado de gobierno de poblaciones. En Chimborazo, hasta que las leyes de Reforma Agraria (1964 y 1973) no rompieron con ello, el dominio y explotación sobre la población indígena eran profesados por la tríada del poder gamonal: el párroco, representante de la Iglesia; el teniente político, delegado del Estado; y los latifundistas, de manera preeminente; amén de la población blanco-mestiza local —agricultores, comerciantes y chulqueros (prestamistas usureros)—, asimismo beneficiaria de su posición de dominación sobre los subalternos indígenas. Dentro de ese orden social, el pilar básico era la hacienda, y el elemento étnico y la diferenciación estamental entre las masas indígenas y sus explotadores (criollos y mestizos) jugaban roles decisivos. De ahí la trascendencia de la imagen del terrateniente y de su proyección sobre los indígenas bajo su jurisdicción: figura de atributos paternalistas y juez implacable, a veces arbitrario, que premiaba y castigaba a su peonada (Lyons 2001).

Chimborazo contaba con la mayor concentración de la propiedad de todo el callejón interandino ecuatoriano: hasta 1960, la Iglesia, el Estado y veinte familias prominentes controlaban más del 80 por ciento de las tierras cultivables de la provincia (Sylva 1986, 59). Esos latifundios constituían el prototipo de las entonces llamadas haciendas tradicionales, por monopolizar grandes superficies subutilizadas, disponer de mano de obra indígena abundante, y organizarse alrededor de una estructura interna altamente jerárquica de poder. Todo ello a pesar de que —y volveré sobre ello más adelante— su vinculación mercantil con la costa agroexportadora (gracias al ferrocarril) les permitió un dilatado periodo de bonanza sin generar nada parecido a una modernización convencional, sino un incremento del control monopólico de la tierra y una mayor extensión de las relaciones de producción no salariales, base de la pervivencia, hasta los años sesenta, de un abanico de vínculos (llamados precarios en la literatura de la época) entre las economías campesinas y los hacendados. El más importante de ellos era el huasipungo (del quichua wasi, “casa”, y pungo, “puerta”), y consistía en la obtención de rentas en trabajo por parte de los terratenientes a cambio de permitir el acceso a una parcela y otros recursos de la hacienda. La conformación física del territorio, además, dificultaba la tecnificación y capitalización productiva: la topografía irregular, la presencia de terrenos arenosos proclives a la erosión y la abundancia de páramos (los frágiles pisos ecológicos por encima de los 3.500 metros de altitud), impedían mecanizar a gran escala esas haciendas y prescindir de las familias vinculadas en precario.

Lo que me interesa remarcar aquí es que el régimen gamonal fue, en Chimborazo, consubstancial al sistema privado de administración de poblaciones republicano y que convirtió al latifundio en su elemento nodal en el medio rural.⁶ Con sus particularidades locales, se trató de un entramado heterogéneo de poderes locales que, articulados alrededor de la hacienda, encontramos mutatis mutandi a lo largo de toda la región andina.⁷ En el caso ecuatoriano, los estudios disponibles señalan cómo esas haciendas norandinas, al igual que las de los Andes centrales, constituían campos de tupidas redes de relaciones sociales, verticales, horizontales e interdependientes, entre las familias precaristas internas y la jerarquía de mando de la hacienda, así como entre aquéllas y el campesinado externo (comunero o no) vinculado al fundo a cambio del acceso a diferentes recursos internos.⁸ La dominación de clase estaba atravesada por la dominación étnica, además, en la medida en que la parte alta de la jerarquía de la hacienda estaba compuesta por personajes blanco-mestizos (patrón, mayordomos y mayorales), mientas que la parte a ras de suelo, la que organizaba las faenas cotidianas y ejecutaba la justicia del patrón (los kipukamalloq o huasipungueros con estatus) y la peonada pertenecían inequívocamente al mundo indígena.

Insurgencia y lucha por la tierra hasta la Reforma Agraria

La consolidación en Chimborazo del régimen gamonal vino acompañada, ya desde el periodo colonial tardío, de una sucesión de sublevaciones indígenas de diferente intensidad, en consonancia con la coyuntura convulsa por la que atravesaba el mundo virreinal tardío. No es momento de entrar en detalles, pero sí de señalar algunos elementos recurrentes en ellas apuntados por la historiografía disponible (Moreno 2014; Salgado 2011). Por un lado, al estar motivadas por un incremento de la presión sobre las heterogéneas sociedades indígenas: bien por aumentar la base tributaria, por lesionar las prerrogativas de las autoridades étnicas, o por el rumor de nuevas cargas, la cuestión es que se prendía la mecha de la insurgencia. Violencia desmedida y ritualizada (descuartizamientos, extracción de ojos de las víctimas, cadáveres arrojados a los perros) y represiones expeditivas y frecuentemente arbitrarias. Hay de hecho una investigación pendiente sobre la evolución de esas formas de protesta y sus estallidos violentos, tanto en términos simbólicos (alusiones al retorno de un rey indio, desmembramiento de representantes de la sociedad opresora como alegoría de la ruptura con ella, etc.), como en el de las estrategias cotidianas de mejor acceso a recursos. Llama la atención, en cualquier caso, la continuidad en el uso de esos repertorios hasta, al menos, la década de 1870, cuando la mayor rebelión del siglo XIX sacudió la provincia de Chimborazo con unas maneras de ejercicio de la fuerza y unas narrativas muy similares a las características de tiempos coloniales.

Tras la abolición del tributo en 1857, y ese es el fondo del asunto, los gobiernos republicanos consideraron los derechos consuetudinarios sobre la tierra de las comunidades indígenas como un obstáculo al progreso, ejecutando una política de erosión de sus bases socio-económicas y relegándolas a zonas marginales. Los diezmos y primicias, la privatización de comunales, el incremento de la explotación de la mano de obra campesina a resultas de la construcción de obras públicas —principalmente una ambiciosa red vial, bajo el periodo garciano (1860–75)—, la paulatina articulación del mercado nacional y su corolario, la inexorable mercantilización de las economías regionales, así como el fortalecimiento del aparato estatal, son los vectores contextuales de la gran rebelión de Fernando Daquilema en diciembre de 1871 (Ibarra 2018). La revuelta prendió tras la difusión del rumor de la reinstauración del impuesto de la aduana (¡un gravamen colonial!); el asesinato brutal de un diezmero local; la entronización de Daquilema como indio-rey; la movilización de miles de indígenas y el desbordamiento de la violencia en los pueblos de Yaruquíes, Cajabamba y Punín, en el corazón de Chimborazo. El levantamiento, que puso en jaque al Gobierno central, fue reprimido en unos diez días (los dirigentes ejecutados, Daquilema en abril de 1872) y en la memoria colectiva quedó grabado el recuerdo de la que fue, sin duda, la insurrección indígena más violenta del periodo republicano en Ecuador. Me detengo en estos sucesos porque, como comentaba, siguen unos parámetros similares a los del ciclo colonial dieciochesco en un entramado de comunidades libres —y éste no es un detalle menor— que asimilaron el diezmo a la aduana colonial y sintieron cómo el desarrollo del aparato estatal y la mercantilización de sus economías domésticas amenazaba su sobrevivencia.⁹ Además de la oposición a impuestos o a trabajos obligados, la revuelta traslucía el expolio territorial que sufrían las comunidades libres en favor de su encuadramiento hacendatario. En Chimborazo esos procesos se agudizaron durante las primeras décadas del siglo XX, modelando el ambiente en que se desenvolvió la etapa final del régimen gamonal.

La Tabla 1, elaborada a partir del trabajo pionero de Albornoz (1971), presenta una mirada del contexto tenso que se vivía entre el fin de Daquilema y la primera Ley de Reforma Agraria (1964). Albornoz contabiliza 52 conflictos en la sierra ecuatoriana en ese dilatado periodo, representando los catorce de Chimborazo casi el 27 por ciento del total. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que no están todos los que son. Gangotena, por ejemplo, habla de un enfrentamiento en la hacienda Galte (Guamote) entre mil indígenas armados con palos y azadas y un grupo de mestizos capitaneados por el patrón, en 1928, que se saldó con dos fallecidos (1974, 20–22). Ibarra menciona una rebelión sofocada con gran represión —más de sesenta muertos— entre 1928 y 1929, “cuando los indígenas se opusieron a los trabajos de realización de la carta topográfica nacional” sobre el territorio de la gran revuelta de 1871 (2015, 214–215). Prieto (2015) alude a un levantamiento en plena ejecución del censo de población años después, en 1950, con varios decesos en Licto y Columbe, hecho que motivó la presencia en Riobamba, capital provincial, del presidente Galo Plaza. Además de la presión terrateniente, estas insurrecciones eran consecuencia del reclutamiento para obras públicas y del énfasis para incorporar las tierras indígenas al sistema catastral.

Tabla 1 Referencias de Albornoz (1971) a insurrecciones indígenas en Chimborazo, 1871–1964.

Fuente: Elaboración a partir de Albornoz (1971).

Mención especial merece el liderazgo de Ambrosio Lasso, un huasipunguero nacido en 1902 y forjado desde la década de 1920 en las luchas locales en las haciendas Galte y Pull (dos latifundios de altura vecinos cercanos a Guamote). Lasso fue de los primeros dirigentes campesinos del siglo XX en proyectar su problemática a la escena nacional: en 1944 participó en la fundación de la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), organización vinculada al Partido Comunista que fue un pilar de las luchas y conquistas indígenas del Ecuador.¹⁰ La intervención de la FEI en Chimborazo facilitó el surgimiento de organizaciones de base y difundió las ideas de la izquierda sobre los derechos a la posesión de la tierra y a una justa remuneración. Impulsó, sobre todo, la formación de dirigencias alejadas de los viejos sistemas de representación, siendo determinante en el fomento de sindicatos, tanto en las comunidades libres como, clandestinamente, en las sometidas a las haciendas.

El fin del régimen gamonal

En su trabajo sobre el sector latifundista chimboracense entre 1940 y 1980, Sylva (1986) diferenciaba tres escenarios en base a su ligazón con relaciones de producción precarias y al afianzamiento desigual de vías modernizadoras convencionales: el de los terratenientes exclusivamente rentistas, el de los propietarios monopólicos y el de los ya capitalizados:

1. 1. La facción rentista arrendaba sus fundos a terceros y mantuvo resistencia a todo cambio. Hegemónica hasta la década de 1960, entró en proceso de disolución con la aplicación de la Ley de Reforma Agraria de 1964. Se oponía a la liquidación de los huasipungos aferrándose a haciendas en las que, sin embargo, la desintegración de la autoridad patronal era evidente dada la magnitud del asedio interno de los precaristas asentados.

2. 2. La facción monopólica llegó a ser dominante en los años sesenta. Su peculiaridad radicaba en su estrategia de doble vía: capitalización en las zonas “modernizables” (mecanización, semillas mejoradas, ganado de raza, fertilizantes químicos) y mantenimiento discrecional de relaciones de producción precarias en el resto. Comenzó a desintegrarse porque, pese a todo, no dejaba de tratarse de haciendas con partes asediadas por huasipungueros y con sectores cercados por comunidades externas supeditadas al latifundio.

3. 3. En el sector capitalizado la empresa patronal tenía mayor grado de desarrollo: su relación con las comunidades externas se limitaba a su condición de fuente de mano de obra estacional, predominando las relaciones salariales. Prevaleció fugazmente desde la segunda mitad de los setenta: salvo excepciones no resistió al empuje de las organizaciones indígena-campesinas finiseculares.

Parece oportuno voltear la mirada para aprehender cómo se gestó ese cuadro; cómo fueron erosionándose los fundamentos del régimen de hacienda por los constreñimientos ecológicos de las propiedades y la presión de la población indígena. Hay que pensar que, como apunté, la revitalización del mercado interno que supuso la apertura del ferrocarril Quito-Guayaquil (1908), y que atravesaba la cordillera occidental por Alausí, al sur provincial, incidió notablemente sobre las estructuras agrarias locales, especialmente tras el inicio del boom bananero a fines de los cuarenta. En esa coyuntura, la dinámica de la economía costeña, al inducir a los terratenientes a proveer al mercado interno de bienes salarios, desequilibró el acoplamiento de las dos lógicas interdependientes que afianzaban el sistema. Por el lado campesino —el de las unidades de producción internas a las haciendas y el de las comunidades libres a ellas articuladas— se trataba de garantizar el espacio de reproducción (material, social y simbólica) de la familia ampliada. De ahí que su estrategia consistiera en la presión y asedio a las tierras hacendales. Por el lado de los patrones se buscaba obtener el máximo beneficio con niveles mínimos de inversión, no por una suerte de ethos retardatario, sino porque su lógica maximizadora se fundamentaba más en la incorporación de tierra y en el cobro de renta en trabajo, que en un incremento de la productividad (dudoso, dado el medio ecológico) a base de innovación tecnológica. De ahí la coerción sobre comunas libres y precaristas internos para incrementar el control territorial y una renta en trabajo redituable en beneficio capitalista puro y duro.

Frente a ello, el campesinado indígena disponía de dos instrumentos legales en sus estrategias de resiliencia: la Ley de Organización y Régimen de Comunas (1937) y el Código del Trabajo (1938), aprobadas en una coyuntura en que el Estado trató de dar salida legal al enconamiento de la conflictividad rural. Garantizando la imposibilidad de embargo de las tierras de comunidad, la primera tuvo gran impacto en la protección de jure de las comunidades externas que, aunque articuladas a las haciendas, pudieron enfrentar mejor la tendencia a verse expoliadas por la voracidad terrateniente. El Código del Trabajo, complementariamente, devino en una herramienta de lucha del campesinado precarista: exigía remuneración por las faenas realizadas, vetaba el trabajo infantil, legitimaba la tenencia del huasipungo, limitaba las tareas a cuatro días por semana, y conminaba a los patrones a proporcionar vivienda adecuada y permitir a los huasipungueros el uso de los montes, aguas y pastos naturales de la hacienda (Tuaza 2011, 135–136).

Los abogados y activistas de la FEI tomaron esos preceptos como bandera de su combate contra el gamonalismo, desarrollando una labor encomiable en la configuración de liderazgos campesinos y de asesoramiento y elevación de sus demandas del ámbito hacendatario-local al escenario público del aparato de justicia y de los medios de comunicación regionales y nacionales. Fue así como la reivindicación del pago de salarios aprobada en el Código actuó como aglutinante de la acción colectiva contra el poder gamonal. En un medio con tendencia a limitar la entrega de nuevos lotes, y dependiendo la reproducción campesina del acceso a los recursos de la hacienda, la reivindicación salarial buscaba que dichos emolumentos se tradujeran en una ampliación del espacio usufructuado en la misma, erosionando su control monopólico.¹¹ De ahí las maniobras dilatorias de los terratenientes y el hecho de que la aplicación de la Ley de Reforma Agraria de 1964 no pasara de la redistribución de extensiones modestas, equivalentes al 1,9 por ciento de la superficie agraria provincial.¹² Esta primera tanda, con todo, fue importante por las espirales que desencadenó: para unos latifundistas estimuló la capitalización de las mejores partes de sus posesiones (tipos 2 y 3) y para otros supuso el inicio de su desintegración (tipo 1). En cualquier caso, no apaciguó los ánimos de la población precarista, desatando otra oleada de movilizaciones que culminó con la segunda Ley de Reforma Agraria (1973), que amplió la anterior y precipitó el final del gamonalismo.

Ahí fue determinante el giro del aparato eclesiástico que se operó en los sesenta, cuando Monseñor Leónidas Proaño, obispo de Riobamba, decidió vincular su acción pastoral a los intereses del campesinado: con la entrega de dos grandes haciendas de la Curia, la Iglesia desbarató la tríada dominante del sistema gamonal.¹³ En la tesitura de un Estado fortalecido por la explotación petrolera y la aparición de ese nuevo aliado del campesinado, a los terratenientes se les estrechó el margen de maniobra. Los rentistas (tipo 1) no tuvieron opción, y la aplicación de la reforma implicó su desaparición. En las grandes propiedades donde se había combinado la especialización con la conservación de superficies en explotación extensiva (tipo 2), una parte —la segunda— se fragmentó y se entregó a los ex-precaristas, mientras la otra quedó en manos del propietario, quien aceleró su capitalización y eliminó las relaciones de producción precarias. Se dio la situación también de algunas haciendas que intentaron una transición modernizante convencional para encontrarse, después, obstaculizadas por la resistencia campesina y la movilización política, viéndose “forzadas a una vía campesina hacia la disolución” (Thurner 2000, 348). Donde avanzó la mecanización de los predios rentables, emergió la nueva burguesía agraria (tipo 3). Burguesía agraria, conviene anotar, alimentada por agricultores acomodados y comerciantes mayoristas que se beneficiaron de la venta fraccionada de antiguas heredades o de la apertura de zonas de colonización subtropicales hasta entonces inexplotadas.

En cuanto al alcance provincial de la Reforma entre 1964 y 1990, se destaca que fueron afectadas 124.691 hectáreas (19,3 por ciento de la superficie total), cifra elevada pero matizable. De entrada, porque los terrenos redistribuidos eran poco aptos para el cultivo, por situarse encima de los 3.300 metros de altura y tener escasa vocación agrícola. Los predios entregados, por otra parte, eran tan pequeños que el minifundio se convirtió en la constante del paisaje de las tierras altas (Ibarra y Carrasco 1991). Esta circunstancia, unida a la ruptura de los vínculos con las haciendas capitalizadas (los ex-precaristas perdieron el acceso a los recursos de numerosos pisos ecológicos), generó una situación difícil al interior de las comunidades, intensificando los flujos migratorios a la costa en la temporada de zafra en busca de recursos complementarios con qué garantizar la subsistencia (Lentz 2000). Simultáneamente, el aumento de la población y los rendimientos decrecientes de la producción familiar, determinaron el asedio a las últimas haciendas supervivientes, que terminaron disolviéndose.

Partiendo de un trabajo etnohistórico sobre el desmoronamiento del régimen terrateniente en los hatos hacendatarios de Llinllín (en la cordillera occidental, cantón Colta) y de Totorillas (sobre un ramal de la cordillera oriental, cantón Guamote), presento sucintamente dos ejemplos ilustrativos (por generalizados) de las estrategias desarrolladas por los campesinos (tanto internos como externos vinculados a las haciendas) para obtener la reversión total de los fundos tras la entrega de huasipungos emanada de la Ley de 1964 y a resultas de las expectativas abiertas por la de 1973. Se trata de sendas estancias representativas de la facción monopólica señalada por Sylva,¹⁴ en ambas se ensayaron vías de inversión selectiva en bienes de capital en enclaves privilegiados (y de extensión limitada), e incluso en una (Llinllín) se intentó in extremis (1977) constituir una empresa ganadera capitalizada, sin éxito ante la presión campesina.

Un recurso eficaz, desde el lado ex-precarista, fue la huelga de larga duración: temprana en Totorillas (1967) para forzar al patrón a ir más allá de la entrega de huasipungos marginales;¹⁵ tardía y radical en Llinllín (1979), en pos de la reversión total de las tierras.¹⁶ En ambos casos fueron eventos que tuvieron repercusión nacional. En Llinllín por tratarse de una acción concertada en una vasta zona de predominio hacendatario; en Totorillas por la virulencia de la reacción patronal —común a Llinllín— y el apoyo explícito de la estructura eclesial proañista en favor de los derechos de los comuneros. Otra estrategia, fundamental en los dos procesos, fue la ocupación pasiva de los pastos de altura del patrón con el ganado de los comuneros (con la previsible “contaminación” de sus animales de raza). En Totorillas esto generó un largo pleito y acciones violentas de la estructura de poder de la hacienda, despertando la ira y la intensificación de las acciones a todos los niveles de los comuneros, que terminaron ganando la partida. Son reiteradas en la memoria oral las alusiones a episodios de invasión de parcelas hacendales, las encerronas en el páramo a miembros destacados de la jerarquía de los fundos y el recurso permanente a los tribunales amparados por los abogados de la FEI o el apoyo mediador de la Diócesis de Riobamba. En casos extremos, y siempre como reacción a la respuesta del patrón, se optó por un uso moderado de la violencia.¹⁷

La etnitización de la cuestión agraria

Podríamos afirmar, a trazo grueso, que la Reforma facilitó la asalarización de las relaciones de producción, aceleró la inserción del campesinado ex-precarista a la lógica mercantil a través de su conversión en un continuum de propietarios individuales, y estimuló la modernización de los grandes fundos previa redistribución de las partes menos productivas. Ello pasó por fomentar la constitución de unidades familiares autónomas, finiquitar la sujeción de la fuerza de trabajo indígena a las haciendas y articular un mercado de trabajo que incentivase la movilidad poblacional hacia los polos de desarrollo urbano-industrial del país. El hundimiento del gamonalismo redundó, colateralmente, en un incremento de la densidad asociativa en el medio rural, espoleando la constitución de organizaciones de base y cimentando el movimiento indígena posterior: en siete años (1964–1970), 101 comunidades se inscribieron ex novo en Chimborazo; y a principios de los noventa el número ya ascendía a 519 comunas, 85 cooperativas de productores y 130 agrupaciones de trabajadores agrícolas (Zamosc 1995, 52). El mero inicio del trámite para obtener personería jurídica como organización era importante, pues convertía a los agregados de familias ex-precaristas en potenciales sujetos colectivos de derechos (educativos y sanitarios principalmente) a los ojos del Estado. Los datos censales de 1974, 1982 y 1990 revelan, en paralelo, que ese fervor organizativo coincidió con la indigenización de los espacios rurales, en la medida en que fue creciendo la proporción de población indígena y disminuyendo la blanco-mestiza pueblerina, que migraba con facilidad a la capital provincial, a Quito o a Guayaquil aprovechando su mayor ductilidad para ubicarse social y económicamente en las ciudades (Carrasco 1993). De esos procesos emergió, como colofón, una nueva generación de mediadores indígenas con vista panorámica de los problemas locales, regionales y nacionales y con un discurso que, aunque campesinista en origen, fue incorporando cada vez más elementos de carácter étnico.¹⁸ Esa generación fue posible también gracias a sus vínculos con actores ya añejos, como la Diócesis de Riobamba, que asesoró y colaboró en la capacitación de líderes y en la conformación del Movimiento Indígena de Chimborazo y del ECUARUNARI, columna vertebral de la CONAIE.¹⁹ Los misioneros protestantes, por su lado, estimularon a su manera —a través de sus iglesias y organizaciones no gubernamentales (ONG), y no sin agudos conflictos con las organizaciones católicas— el proceso de afirmación étnica en Chimborazo (Muratorio 1980; Andrade 2004).²⁰

Dejada atrás la Reforma Agraria, y como consecuencia de la crisis que sucedió a la bonanza petrolera de los setenta, la población indígena-campesina experimentó una enorme erosión de rentas que, debido en parte a los ajustes de alto costo social implementados en el país, intensificó el flujo migratorio a las ciudades —la descampesinización tan aludida en la época (Martínez Valle 1984)— e incrementó el sector informal de las economías periurbanas.²¹ Las reivindicaciones de los ochenta y noventa fueron, así, un grito contra la marginación a que les sometió el contexto macroeconómico, mutando su forma y contenido en relación a las décadas precedentes. De un discurso articulado alrededor de la cuestión agraria que demandaba la propiedad de los predios, transitaron a otro que, anclado en la etnicidad, pivotaba en una visión de la comunidad como plataforma identitaria y en la asunción de derechos colectivos relacionados con la ciudadanía, la participación popular y el acceso a servicios como la educación. No quiero decir con ello que las demandas campesinistas se esfumaran de la agenda de la CONAIE, pues estuvieron muy presentes, por ejemplo, en los grandes levantamientos indígenas de 1990 y 1994.²² Mi punto es que desde entonces se constata una deriva cada vez más etnicista en los discursos, a la par de la orientación proindianista de la cooperación internacional.

De finales de los ochenta en adelante, en efecto, y en respuesta a la capacidad organizativa mostrada por las plataformas étnicas, lo indígena se convirtió en un polo de atracción para las agencias de intervención. En un tiempo en que la externalización de las políticas de desarrollo en manos de entes particulares (básicamente ONG) caracterizó el posicionamiento de los poderes públicos al respecto, la mayor parte de éstas focalizaron sus esfuerzos hacia entornos indígenas. Ese interés particular se desenvolvió en un ambiente en el que las altas instancias del aparato del desarrollo (desde el Banco Mundial hasta Naciones Unidas) reiteraban llamamientos a colaborar con esos colectivos, constituyendo, en cierto sentido, una respuesta desde el establishment desarrollista al desafío que representaban —en Ecuador, Bolivia, Chiapas— los movimientos indianistas ya en pleno auge al inicio de los noventa.²³ Una respuesta que, calificada desde posicionamientos críticos como multiculturalismo neoliberal (Hale 2004; Díaz-Polanco 2006), se centró en asumir —incluso a través de modificaciones constitucionales— demandas culturales (derechos colectivos de pueblos y nacionalidades y, en su versión extrema, reconocimiento de la naturaleza plurinacional del Estado), desestimando de facto aquellos planteamientos que cuestionaran la lógica del modelo de acumulación del capitalismo neoliberal. En paralelo, dejó abierta la vía asistencialista-proyectista de intervención sobre las comunidades. Una vía que, al menos en el caso ecuatoriano, presentaba la virtud de encauzar las expectativas de las dirigencias étnicas (y de sus bases) hacia el único espacio posible de ejercicio de la política real: la gestión de los proyectos concretos a implementar sobre el territorio (Bretón 2015).²⁴

Particularmente en Chimborazo, la precariedad del mercado de trabajo y la agudización del minifundismo en el medio indígena-campesino determinaron la continuidad de la importancia de los proyectos de desarrollo rural desde la óptica de las organizaciones de base, generando no pocos desencuentros y frustraciones (Korovkin 1997). Proyectos y recursos, empero, a los que se accedía más en condición de indígenas que de pequeños productores pauperizados, y en los que se consideraba que la contraparte local tenía que ser, no una comunidad individual, sino una federación de comunidades (organización de segundo grado). Esto promovió la multiplicación de esas estructuras como reacción al desembarco masivo de instituciones de desarrollo —ONG y financieras multilaterales— durante las dos últimas décadas del siglo pasado.²⁵ Su afluencia, en convergencia con la consolidación de liderazgos cada vez más tecnocráticos y de tinte etno-populista, fueron marcando los límites, el campo de juego admisible en el marco del Estado neoliberal y sus políticas multiculturales. Chimborazo continuó siendo un laboratorio privilegiado de todos esos procesos: concentró la mayor parte de la cooperación al desarrollo dirigida a ámbitos predominantemente indígenas durante los años noventa (Bretón 2001), fue bastión de la protesta étnica en esa época y presentaba, en los años inaugurales del siglo XXI, un sorprendente cuadro de cansancio organizativo y de aquiescencia con el incipiente régimen de la Revolución Ciudadana (Tuaza 2011).

Reflexiones finales

De los muchos temas explorados en este ensayo, quiero llamar la atención sobre algunos que me parecen esenciales, a modo de reflexión final. El primero tiene que ver con el carácter vinculante del gamonalismo con la cuestión indígena, en el sentido de que fue un campo de relaciones de poder garante de la viabilidad del sistema privado de administración de poblaciones-otras desarrollado con la República. Tal sistema tuvo un ciclo que alcanzó su esplendor durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, y que arroja numerosos elementos de contrastación con sus homólogos de los Andes centrales. Las luchas indígena-campesinas de Chimborazo deben ser ubicadas en el seno de ese régimen de dominación y en el contexto de la evolución del capitalismo y los perjuicios del avance de la lógica mercantil sobre las economías populares. Destaca en ese proceso el parteaguas constatable en las formas de protesta, al menos, desde la década de los cuarenta, con la entrada en escena de los militantes de izquierda. De unos repertorios atravesados por habitus de raigambre colonial muy claros, se transitó a la generalización de formas de disputa cualitativamente diferentes: fortalecimiento organizativo, huelgas y ocupación del espacio nacional público-ciudadano de representación. A pesar de que los activistas de la FEI veían, en el fondo, a campesinos “atrasados” que diluirían su indianidad en nombre de la socialización de los medios de producción, los precaristas se apropiaron de sus discursos en beneficio propio: no tanto para enfrentar a un abstracto régimen de dominación como para garantizar el acceso a más tierra siguiendo la lógica de reproducción del parentesco ampliado. Conviene no menospreciar la dificultad previa de imaginar un mundo sin patrones y el salto cualitativo que implicó, gracias en parte a la FEI y a los sacerdotes proañistas, la articulación de una élite de dirigentes que atisbaron esa posibilidad real.

Con la crisis del gamonalismo y el desbaratamiento del sistema privado de gobierno de poblaciones que apuntalaba, se produjo un giro en los discursos y las prácticas subalternas hacia la etnitización de sus reivindicaciones y la aparición de plataformas identitarias de alcance regional y nacional, en consonancia con otros países latinoamericanos también caracterizados por la presencia de importantes contingentes de población indígena-campesina.²⁶ Vale la pena en este punto no perder de vista el valor polisémico que en términos procesuales tuvo la Reforma Agraria. Para el Estado, fue un intento de inducir una vía modernizadora en el medio rural que socavaba la base de unas economías campesinas, ya muy erosionadas por el avance de la economía de mercado, que vieron intensificar sus flujos migratorios a las ciudades, aunque sin perder sus vínculos con las comunas de origen (Martínez Valle 2002). Desde la óptica de esos comuneros en proceso de semi-proletarización, sin embargo, se posibilitó redefinir la comunidad y articular una red compleja de relaciones sociales que, partiendo del núcleo de las unidades de producción domésticas, atraviesa permanentemente las finas y arbitrarias fronteras entre lo urbano y lo rural (Kingman y Bretón 2016). La politización de la etnicidad se anudó, así, a una narrativa en la que la comunidad juega un importante rol de adscripción, a pesar de desenvolverse en un escenario de descomunalización efectiva, entendida como merma de prerrogativas de los cabildos e individualización de la toma de decisiones familiares.²⁷

En Chimborazo confluyeron, pues, diferentes elementos que cristalizaron en la politización de la etnicidad: la actuación de la Iglesia progresista en apoyo a las demandas subalternas; la intervención de los activistas de izquierda; y el avance de un proyecto de modernización estatal erosionador —vía Reforma Agraria— de la gestión comunal en aras de la inserción mercantil subordinada de las economías campesinas. Ello operó en un marco de descomposición del régimen gamonal y se fortaleció, después, con la llegada masiva de agencias de desarrollo que acompañaron y reforzaron la consolidación de dirigencias indígena-campesinas con discursos políticos propios crecientemente identitarios.

Una última reflexión: la etnificación de las demandas subalternas en Chimborazo puede ser vista, desde otro prisma, como una forma de integración a un escenario neoliberal de políticas multiculturales en el que ésta aparecía como más eficiente que las viejas estrategias campesinistas, contemplándola en la larga duración del combate por el acceso a recursos y derechos. Anhelo, en el fondo, de una inclusión diferenciada en el ámbito de la ciudadanía en un contexto de alargamiento del espacio social de esa comunidad imaginada. Anhelo, también, que facilita el verse reflejados en los rostros de otros igualmente discriminados en los espacios urbanos por el mero hecho de ser clasificados veladamente como “indios”, resignificando así en odres nuevos las viejas categorías de la discriminación social.