Costos sociales de la victimización en América Latina: Percepción de inseguridad, capital social y percepción de la democracia

Abstract

América Latina es la región más afectada por la delincuencia en el mundo. Poco, sin embargo, se sabe sobre los costos sociales que esta genera. En este estudio, se emplearon seis rondas del Barómetro de las Américas (2004–2014) y el método de emparejamiento estadístico con el objetivo de estimar el costo de la victimización sobre la percepción de inseguridad, capital social y percepción de la democracia para 16 países de la región. Los resultados muestran que el costo de la victimización se expande a diversos aspectos sociales, afectando en mayor proporción a las mujeres. Además de incrementar la percepción de inseguridad y reducir la legitimidad y confianza en las instituciones encargadas de luchar contra la delincuencia, la desconfianza se desplaza a instituciones sin este rol, a terceros y afecta la propia percepción del barrio. En lo positivo, la victimización incentiva la participación en organizaciones, aunque especialmente en los grupos de menores ingresos y mayores recursos comunales.

Latin America is the world region most affected by crime. However, little is known about the social costs of crime. In this study, we used six waves of Latin American Barometer (2004–2014) data and applied propensity-score matching to estimate the costs of victimization on the perception of insecurity, social capital, and democracy for sixteen Latin American countries. Results show that the costs of victimization have an impact on several social issues, especially those affecting women. Victimization not only increases perceptions of insecurity and reduces legitimacy and trust in those institutions charged with public safety; it also affects trust in unrelated institutions, trust in third persons, and perceptions of the neighborhood. On the positive side, victimization fosters participation in organizations, although in lower-income classes where communal resources are more common.

La violencia y el crimen tienen efectos múltiples en lo económico y social. En América Latina, afectan la economía (Heinemann y Verner 2006; Londoño y Guerrero 1999), pero también aspectos sociales como la confianza interpersonal, la confianza en instituciones estatales y la participación en organizaciones (Corbacho, Philipp y Ruiz-Vega 2012).

Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, América Latina es la región más violenta del mundo. Los 312 robos por cada 100 mil habitantes nos ubican en el tope a nivel mundial, duplicando la situación en África (153 robos por cada 100 mil habitantes) y superando en más de nueve veces el promedio asiático (38 por cada 100 mil habitantes).

La particularidad del crimen en América Latina no se limita a su alta incidencia, sino también a su tendencia y diversidad. Junto a que la mayor parte de países latinoamericanos presenta una tendencia de victimización al alza (Figura 1), Heinemann y Verner (2009) señalan que la diversidad de la delincuencia es su característica esencial (por ejemplo, robos, asaltos, secuestros, violencia familiar, extorsiones, violencia sexual, tráfico ilícito de drogas).

Figura 1 Victimización en América Latina, 2004–2014. Fuente: Barómetro de las Américas, 2004–2014.

Pese al sentido de urgencia por los altos niveles de delincuencia en América Latina, son pocos los estudios que han buscado dimensionar su importancia a través del cálculo de los costos que genera la delincuencia. Los primeros fueron Buvinic, Morrison y Shifter (1999). Ellos crearon una definición de costos tangibles y no tangibles, marcando lo que en la literatura latinoamericana se entendería desde entonces como costos del crimen. Según estos autores, son cuatro los tipos de costos: (1) costos directos (valor de bienes y servicios empleados en la prevención de la violencia, el tratamiento de sus víctimas y captura y sanción de criminales); (2) costos no monetarios (costos por dolor y sufrimiento, mayor morbilidad, mayor mortalidad debido a homicidios y suicidios, abuso de alcohol y drogas, desórdenes depresivos, etc.); (3) efectos multiplicadores económicos (impactos macroeconómicos en el mercado laboral y en la productividad individual); y (4) efectos multiplicadores sociales (impactos en las relaciones interpersonales y calidad de vida). Dos libros de artículos recientemente publicados por del Banco Interamericano de Desarrollo, editados por Jaitman (2015, 2017), han ampliado la cantidad de costos posibles (por ejemplo, consumo de electricidad, asistencia escolar, reincidencia, precio de propiedades, corrupción), dejando en claro la dificultad de definir un conjunto cerrado de efectos negativos de la delincuencia y la violencia en el bienestar, pues muchos de ellos no son evidentes (Soares 2015).

La menor atención que han recibido los costos no económicos de la victimización se ha concentrado en identificar dos tipos de costos: capital social (confianza interpersonal, confianza en instituciones, participación en organizaciones) y percepción de la democracia (satisfacción, preferencia y apoyo). Pero esta literatura no es abundante. Por el contrario, es escasa y ha dejado un amplio margen para contribuir en tres aspectos fundamentales: qué costos medir, cómo calcularlos y cómo diferenciar grupos más afectados. La cantidad de costos evaluados es reducida y se concentra en unos pocos indicadores de confianza (Corbacho, Philipp y Ruiz-Vega 2012; Blanco y Ruiz 2013) y capital social (Lederman, Loayza y Menéndez 2002). Además, los varios estudios que analizaron el efecto de la victimización sobre la percepción de la democracia han carecido de métodos apropiados (Blanco y Ruiz 2013; Ceobanu, Wood y Ribeiro 2010; Fernández y Kuenzi 2010; Carreras 2013). Normalmente han empleado máximo dos periodos de datos (Corbacho, Philipp y Ruiz-Vega 2012; Ceobanu, Wood y Ribeiro 2010; Fernández y Kuenzi 2010; Carreras 2013). Ninguno de estos estudios ha evaluado si los costos de la victimización se diferencian por género. La identificación de los costos en las mujeres ha ido por otro lado. Ha girado en torno al efecto que la violencia familiar tiene sobre la salud reproductiva de ellas (Campbell et al. 2002; Ellsberg et al. 2008) y de sus hijos (Hernández 2018) y sobre sus ingresos (Díaz y Miranda 2010).

Teniendo en cuenta los vacíos descritos, el presente estudio tuvo por objetivo estimar los costos sociales de la victimización en un amplio conjunto de variables de resultado para un total de dieciséis países de América Latina. Los costos se focalizaron en tres áreas: percepción de inseguridad, capital social y percepción de la democracia. A fin de cubrir un vacío relevante en la literatura, el costo se diferenció entre hombres y mujeres. Se construyó un pool de datos con las seis rondas (2004–2014) del Barómetro de las Américas y se empleó propensity score matching para la estimación de los costos.

Este artículo se estructura en seis secciones. Primero se presentan las teorías y la evidencia que relacionan la victimización con la percepción de inseguridad. En la segunda sección se revisa el efecto de la victimización sobre el capital social, mientras que en la tercera se revisa la relación entre victimización y precepción de la democracia. En la cuarta sección se desarrolla la metodología y en la quinta se presentan y discuten los resultados. Se cierra con las conclusiones.

La conexión entre victimización y percepción de inseguridad

El consenso elemental en los estudios del crimen es que la victimización está correlacionada con la percepción de inseguridad (Garofalo 1979). Haber sido víctima de robo o, en general, de algún hecho delictivo eleva la probabilidad de creer que nuevamente uno será víctima (Rountree y Land 1996). La fuerza de esta asociación se observa en la Figura 2. En América Latina, la correlación entre victimización y percepción de inseguridad es positiva e importante (0.84).

Figura 2 Victimización y percepción de inseguridad en América Latina (promedio 2004–2014). Fuente: Barómetro de las Américas, 2004–2014.

El otro consenso es que la percepción de inseguridad es consecuencia de haber sido víctima, pero también refleja la reacción a tener una mayor probabilidad de serlo (Farrall, Gray y Jackson 2007) e incluso una mayor probabilidad de imaginarse como víctima (Chadee, Austen y Ditton 2007). Entre ser víctima e imaginarse como tal subyacen dos corrientes explicativas.

De un lado, las características físicas y sociales de las personas hacen que ciertos grupos sean más vulnerables a sentir miedo (Hale 1996). Ser mujer produce más inseguridad (Liu et al. 2009), aun cuando en términos estadísticos ellas sean víctimas con menor frecuencia. En América Latina este patrón se repite. Como se aprecia en la Figura 3, entre el 2004 y el 2014, las mujeres tuvieron siempre una menor tasa de victimización, pero en forma consistente mostraron mayor percepción de inseguridad que los hombres.

Figura 3 Victimización y percepción de inseguridad por género en América Latina, 2004–2014. Fuente: Barómetro de las Américas, 2004–2014.

El género no es la única variable de vulnerabilidad. Otros trabajos han detectado que el nivel socioeconómico (Hipp 2010), el origen étnico (Chiricos, McEntire y Gertz 2001) e incluso la menor educación (Scott 2003) son variables que la afectan. Además, no se trata de vulnerabilidades independientes. Interactúan y producen efectos más importantes en la generación de la percepción de inseguridad (Liu et al. 2009).

Del otro lado, el segundo enfoque ya no se centra en características del individuo, sino en su contexto. Desde esta perspectiva tributaria de la ecología del crimen y la desorganización social, las reacciones y las percepciones en respuesta al crimen están conglomeradas en espacios geográficos confinados y, al mismo tiempo, están determinadas por las características de dichos espacios (Russo, Roccato y Vieno 2010).

Habiendo definido las fuentes individuales y contextuales del miedo, el siguiente punto útil para entender la relación entre costos sociales está en identificar el componente emocional cuando una persona califica su percepción de inseguridad. Mientras que el miedo es una reacción emocional (Ferguson y Mindel 2007) a signos asociados al crimen (Ferraro y Grange 1987), la percepción de inseguridad es una evaluación cognitiva del riesgo de ser víctima (Ferguson y Mindel 2007). Pese a esta distinción, emoción y cognición operan en forma simultánea y jerarquizada, siendo que la segunda es guiada por la primera (Slovic et al. 2004). En otras palabras, la percepción de inseguridad es una respuesta que parcialmente se alimenta de las emociones y no una respuesta puramente cognitiva. Esto es importante en la medida que la carga de miedo al responder puede jugar un rol en multiplicar las consecuencias de la victimización.

La literatura del miedo al crimen tiene un concepto específico para definir miedos que dependen de mucho más que la posibilidad de ser nuevamente víctima. A este fenómeno se le ha denominado ansiedad desplazada (Hale 1996) y es definida como la existencia de un miedo poco racional que no está conectado a la posibilidad real de ser víctima. Esta forma de inseguridad ha sido asociada a otras formas de inseguridad ligadas a lo político, social y económico (Dammert y Malone 2003), reforzando la idea que la inseguridad depende de haber sido víctima pero también de otros factores no relacionados a la violencia y el crimen. En breve, la victimización genera un efecto amplio sobre aspectos no necesariamente relacionados a la victimización, los cuales se asientan en características individuales pero también en características estructurales como la existencia de sistemas de protección social débiles (Hummelsheim, Hirtenlehner y Jackson 2011) y la presencia de desempleo y pobreza (Dammert y Malone 2003).

Nuestra hipótesis es que la propia reacción a la victimización y su asociación a dicha carga emocional es la que genera un efecto multiplicador en los costos sociales de la victimización. Pero, a diferencia de la clasificación taxativa de costos de Buvinic, Morrison y Shifter (1999), el efecto debería mostrar interrelaciones poco advertidas.

Victimización y capital social

La evidencia sugiere que existe una importante relación entre victimización y capital social. Londoño y Guerrero (1999) presentan una clara correlación negativa entre ambas variables para el conjunto de regiones colombianas. Además, lo que se sabe es que el capital reduce la victimización (Sampson y Grooves 1989) e incluso la percepción de inseguridad (Tartaglia y Zaccone 2012).

Según Lederman, Loayza y Menéndez (2002), para que el capital social tenga un impacto social y económico es necesario que genere externalidades, como las que se derivan de la acumulación de conocimiento. La etnografía de Berents y ten Have (2017) en un barrio de Colombia y otro de México, ambos de alta peligrosidad, es bastante ilustrativa sobre el proceso de acumulación de conocimiento. Ellas concluyen que habitar lugares violentos no convierte a sus habitantes en sujetos sin poder. Por el contrario, su convivencia en espacios de alta victimización les permite adquirir conocimientos de fuentes diversas (experiencias propias, de vecinos, familiares, amigos, e historias y rumores) que sirven para interpretar las situaciones del día a día a fin de minimizar, evitar o mitigar el riesgo y el miedo. Según las autoras, las consecuencias de la violencia son individuales, quiebran las barreras de la comunidad y despojan a la población del control de sus interacciones en el día a día.

El capital social es un concepto sin una definición cerrada. Pero en la literatura es común definirlo como confianza, normas cooperativas y participación en organizaciones (Knack y Keefer 1997).

Las pocas investigaciones que han estudiado el efecto de la victimización sobre la confianza han dotado de evidencia al sentido común. De un lado, uno de los pocos trabajos acerca del efecto de la victimización sobre la confianza interpersonal señala que ambas mantienen una relación negativa (Cuesta y Alda 2012). Del otro lado, Demombynes (2009) halló que haber sido víctima de un delito redujo la confianza en el sistema de justicia. Corbacho, Philipp y Ruiz-Vega (2012) emplearon técnicas de emparejamiento estadístico para identificar el efecto de haber sido víctima de robo o asalto en el último año sobre la confianza en diversas instituciones. Aunque en este último estudio sólo se usaron datos de un año, el impacto hallado recayó en lo que acá catalogamos como desconfianza focalizada (desconfianza en instituciones vinculadas al sistema de justicia).

La desconfianza focalizada ha sido objeto de estudio con mayor frecuencia. En el estudio de Corbacho, Philipp y Ruiz-Vega (2012) la victimización afectó la confianza en la policía y el Poder Judicial. Efectos importantes pero menores en magnitud han sido hallados sobre la confianza en el Poder Judicial, la Procuraduría General y el Ministerio Público (Blanco 2013).

Aun cuando lo más lógico es que la victimización afecte la confianza depositada en las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana, existen indicios en América Latina del desplazamiento de la desconfianza hacia otras instituciones sin este rol. A nivel descriptivo, la Tabla 1 muestra evidencia preliminar tanto de la desconfianza focalizada como extendida para América Latina.

Tabla 1 Confianza en instituciones según victimización en América Latina (promedio 2004–2014).

Fuente: Barómetro de las Américas, 2004–2014.

*** p < 0.01: ** p <0.05: * p <0.1.

La hipótesis que en este caso derivamos es que, junto a la pérdida de confianza interpersonal, hay un grupo de instituciones que ineludiblemente perderá confianza en la medida que parte de su rol sea la prevención, control y sanción del delito, pero otro grupo se verá igualmente afectado (desconfianza desplazada) aun cuando no tengan ninguna responsabilidad técnica o política por la delincuencia o, en todo caso, se encuentren muy lejanas a este tipo de responsabilidades.

Desde la perspectiva del capital social como participación en organizaciones, se ha argumentado que a mayor gente participando, mayor capital social. En un estudio con países de diversos continentes, Lederman, Loayza y Menéndez (2002) concluyeron que el efecto del crimen sobre la membresía y la participación voluntaria en organizaciones sociales es ambiguo, aparentemente porque ambos reflejan distintas formas de interacción con la violencia. La clave de interpretación es que el capital social no se reduce a la existencia y participación en organizaciones sino, como señala Putnam (1994), reposa en las normas, valores y redes que regulan los vínculos que facilitan la participación. Desde la criminología, la evidencia muestra que la eficacia social —concepto que combina cohesión social y disposición a intervenir por el bien común— reduce la incidencia delictiva y la percepción de inseguridad (Sampson, Raudenbush y Earls 1997).

Quizás más importante que compartir normas y valores es poner atención sobre qué normas y valores son los que comparte un grupo. Para Goldstein y sus coautores (Goldstein et al. 2007), esos valores compartidos son comunicados a través de la identidad colectiva del barrio y pueden llevar al uso y justificación de linchamientos ante la carencia de políticas de seguridad ciudadana efectivas.

Nuestra hipótesis es que el capital social aumenta la participación en organizaciones de quienes la sufrieron. Pero lo hace en forma distinta en función de los recursos abundantes en la comunidad. Ahí donde exista mayor tradición de acción colectiva (generalmente, en niveles socioeconómicos bajos), la participación aumentará como medida de protección. No obstante, el efecto en zonas donde hay escasa participación pero más recursos económicos (niveles socioeconómicos altos), el estándar de conducta no será la organización comunal sino la toma de medidas individuales de protección facilitadas por los recursos económicos.

Victimización y percepción de la democracia

La mayor parte de la literatura que concibe la victimización como generadora de costos se ha concentrado en identificar sus efectos sobre la democracia. Desde este ángulo, los resultados apuntan a diferenciar dos efectos que hemos clasificado como inmediatos —cuando lo afectado fue la satisfacción o el apoyo a la democracia— y estructurales —cuando lo afectado fue la preferencia por un gobierno democrático frente a uno autoritario. Esta diferencia se basa en que la satisfacción es una noción más voluble a variables terceras que la decisión de optar por el cambio de un sistema político.

Empleando fuentes diferentes, varias investigaciones han dado cuenta del efecto negativo que tiene la victimización sobre la satisfacción con la democracia (Blanco y Ruiz 2013; Ceobanu, Wood y Ribeiro 2010; Fernández y Kuenzi 2010). No obstante, el efecto de la victimización sobre la preferencia por la democracia frente a un régimen autoritario no es concluyente en estos mismos estudios.

Estos resultados sugieren que la percepción de la democracia es más sensible en el corto plazo (satisfacción) a hechos de victimización. Se necesitaría más que un shock de victimización para cambiar la preferencia de democracia por autoritarismo. Si bien el estudio de Carreras (2013) identificó que la victimización está negativamente asociada al hecho de haber sido víctima de algún delito, fue el sexto predictor más importante.

Nuestra hipótesis es que el costo de la victimización sobre la satisfacción y la preferencia por la democracia seguirá este patrón. Afectará lo inmediato, pero no lo estructural. Una hipótesis distinta podría construirse en las personas que han sido víctimas en forma recurrente en un periodo relativamente corto. Debido a que los datos no nos permiten corroborar esta segunda hipótesis, lo sugerimos como parte de la agenda de investigación futura.

Dentro de la política de seguridad ciudadana, el populismo punitivo se ha convertido en lo opuesto a lo que un sistema democrático debería ser. Paradójicamente, en el contexto latinoamericano, la inseguridad, la democracia y el reclamo por políticas duras se han dado en forma paralela (Hume 2009). En este marco, la generalización de la inseguridad ha reforzado los elementos de la cultura política autoritaria (Aguilera 2008) y cuestionado en forma permanente la democracia y sus principios.

En América Latina, la mano dura es una noción amplia que refleja la recuperación del orden y la seguridad mediante métodos violentos ilegales o bien bajo medidas asociadas al populismo punitivo (pena de muerte, aumento de penas, reducción de la edad de imputabilidad penal, reducción de beneficios penitenciarios, control del orden interno a cargo de militares, etc.). La evidencia señala que haber sido víctima de algún delito eleva la proporción de personas que aprueban tomar la justicia por las propias manos (Demombynes 2009).

Como señalan Dammert y Salazar (2009), en la política latinoamericana la mano dura contra la delincuencia ha sido un eje constante en las campañas políticas al mismo tiempo que ha constituido un elemento central en un discurso ciudadano en busca de respuestas simples al delito y sus consecuencias. En otras palabras, ha sido parte de las normas, valores y redes en los que interactúan ciudadanos y políticos.

En América Latina, la expresión favorable al populismo punitivo y a políticas de mano dura aparece como una necesidad de protección y una demanda social por mayor castigo en un escenario de impunidad, victimización y orden social amenazado (Basombrío y Dammert 2013). En el discurso ciudadano, Orces (2010) da cuenta que a lo largo de las distintas rondas del Barómetro de las Américas consistentemente quienes apoyan la mano dura como política son quienes prefieren un gobierno del mismo estilo, lo que se corrobora con su aprobación a políticas que impliquen suprimir derechos a minorías, limitar el voto de la oposición y gobernar desde el Ejecutivo sin el Congreso.

El populismo punitivo no ha sido exclusivo de izquierdas o derechas. En la Argentina de los 90, el discurso punitivo interactuó con el real crecimiento de los delitos pero también con el tono de urgencia dado por el discurso político y los medios de comunicación (Sozzo 2009). En América Central, líderes de la izquierda y derecha emplearon el populismo punitivo como estrategia y herramienta electoral ante el crecimiento de la inseguridad y las fallas del Estado de Derecho (De la Torre y Álvarez 2011). En Ecuador, el giro punitivo se dio luego del intento de golpe de estado del 2010 mediante una serie de medidas alineadas a una opinión pública pro sanción considerada muy importante por el entonces presidente Correa (Paladines 2017).

Aun cuando el contexto en Latinoamérica sea mayormente democrático, estimamos que la victimización potencia una reacción emocional que, en el marco de políticas poco eficaces, genera un apego a la necesidad de políticas más duras contra la inseguridad.

Metodología

Datos

La fuente empleada para esta investigación es el Barómetro de las Américas. Se emplearon las seis rondas de encuestas entre el 2004 y 2014. Con esta información se construyó un pool de datos de 149,817 observaciones. Los datos cubren dieciséis países de América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela). En el pool de datos, cada país tiene alrededor ocho mil encuestas, a excepción de Bolivia y Ecuador en los que la muestra se duplica.

El Barómetro de las Américas incluye una única pregunta de victimización. Entre el 2004 y el 2008, la pregunta fue la siguiente: “¿Ha sido usted víctima de algún acto de delincuencia en los últimos 12 meses?”. Desde el 2010, a esta pregunta se le agregó al final un detalle: “Es decir, ¿ha sido usted víctima de un robo, hurto, agresión, fraude, chantaje, extorsión, amenazas o algún otro tipo de acto delincuencial en los últimos 12 meses?”. El mayor detalle en la pregunta explicaría que en algunos países la victimización reportada haya aumentado en el 2010 (Luna et al. 2012; ver Tabla 2).

Tabla 2 Países incluidos en la investigación.

Fuente: Barómetro de las Américas, 2004–2014.

Estrategia empírica

La pregunta central de esta investigación busca responder qué hubiera pasado con un individuo que fue víctima de algún delito en el caso que no lo hubiera sido. Responder directamente esta pregunta es imposible. La persona ya sufrió el hecho delictivo. El reto de la investigación es identificar individuos no víctimas que representen el mejor contrafactual posible para el grupo de individuos que sí lo fueron.

Las técnicas econométricas de evaluación de impacto son propicias para este tipo de objetivos. Se empleó propensity score matching. De los estudios revisados, sólo el de Corbacho, Philipp y Ruiz-Vega (2012) aplicó esta metodología para calcular el costo del crimen sobre la confianza. La finalidad de esta técnica es construir un grupo de contrafactuales aglomerados en un grupo de control. Cada individuo en el grupo de tratamiento (personas victimizadas) es emparejado a un individuo (o grupo de individuos) en el grupo de control. El emparejamiento se realiza en base al propensity score o probabilidad de ser víctima de algún hecho delictivo. Dicha probabilidad es calculada en base a un grupo de variables observables y la estimación fue hecha con una regresión probabilística. Esta estimación incluyó efectos fijos por país para controlar por diferencias observables y no observables y efectos fijos por año de realización de la encuesta, a fin de controlar hitos particulares y el cambio de la pregunta de victimización introducida desde el 2010.

En términos simples, la siguiente ecuación resume el cálculo del costo de la victimización:

$Y_i={\alpha }_0+\beta {\text{victimización}}_i+\delta X_i+{\epsilon }_i.$

La Y_i es la variable de resultado o la variable teóricamente afectada por la victimización. En nuestro caso, son cuarenta y ocho variables clasificadas en tres áreas: percepción de inseguridad, capital social y percepción de la democracia. La variable victimización_i es una variable dicotómica que indica si la persona fue víctima de algún delito (1) o si no lo fue (0) en los últimos doce meses. El X_i es un vector de características individuales. Finalmente, el interés en la ecuación anterior es el coeficiente β, el cual refleja el costo o impacto de la victimización sobre la variable de resultado.

Son dos las condiciones necesarias para un emparejamiento exitoso. En primer lugar, las distribuciones del propensity score deben traslaparse, lo que permite controlar la heterogeneidad entre la muestra y contar con una adecuada cantidad de controles a lo largo de la distribución del propensity score. En segundo lugar, es necesaria la condición de prescindencia del tratamiento. Con esto se asume que, en ausencia de victimización, la variable de resultado hubiera sido la misma en el grupo de tratamiento y en el grupo de control. En la Figura 4, se aprecia un traslape bastante satisfactorio para cada uno de los dieciséis países incluidos en la investigación. La estimación del costo se realizó con las observaciones que cayeron dentro del traslape de ambas distribuciones (soporte común). Se aplicó el algoritmo del vecino más cercano (cinco vecinos). Siguiendo la sugerencia de Austin (2011), se trabajó con un calibre (caliper) de 0.016, equivalente el 20 por ciento de la desviación estándar del propensity score.

Figura 4 Densidad de Kernel del propensity score en los grupos de tratamiento y de control.

Los costos sociales de la violencia

Costos de la victimización sobre la percepción de inseguridad

Los resultados se presentan en la Tabla 3. Como era de esperar, haber sido víctima de algún delito genera un costo en términos del aumento de la percepción de inseguridad. Aun cuando estos resultados se alinean con los de otras investigaciones (Corbacho, Philipp y Ruiz-Vega 2012), hay dos aspectos importantes en nuestros hallazgos. Primero, el costo más importante se dio en la percepción de que la delincuencia es un problema para la seguridad (variables de resultado [VR] 1) y menos en la percepción de inseguridad del encuestado y de su familia (VR2). Segundo, el costo de la victimización atraviesa hasta tres círculos: el personal, el familiar y uno difuso (mayor sensación de amenaza para el futuro del país, VR3).

Tabla 3 Costos de la victimización sobre la percepción de inseguridad.

*** p < 0.01; ** p < 0.05; * p < 0.1.

El efecto de la victimización sobre la percepción de problemas en el barrio parece presentar inconsistencias. De un lado, aumenta la inseguridad en el barrio pero no afecta la percepción de violencia en el barrio (VR5), ni la creencia que la delincuencia ha venido aumentado en el último año (VR6) o que aumentará en los siguientes doce meses (VR7). Del otro lado, la victimización hace que aumente el número de personas que cree que en su barrio hay pandillas (VR9) y se venden drogas (VR10).

Estos resultados sólo guardan una contradicción aparente. Adquieren sentido cuando incorporamos dos factores clave al análisis: el factor emocional asociado a la victimización y la percepción de inseguridad y la influencia de las condiciones del barrio sobre la percepción de inseguridad.

De un lado, la percepción de inseguridad no es enteramente cognitiva sino que está guiada por lo emocional (Slovic et al. 2004), creando un efecto multiplicador que exagera el miedo de lo percibido hoy (momento de la encuesta) en el barrio, mas no sobre lo pasado ni lo futuro. La percepción de inseguridad se deriva en parte del hecho de haber sido víctima y de ahí provienen los costos señalados. No obstante, la percepción de inseguridad es también la reacción a tener una mayor probabilidad de ser víctima (Farrall, Gray y Jackson 2007) y una mayor probabilidad de imaginárselo (Chadee, Austen y Ditton 2007). Dado que “el conocimiento del fenómeno [delincuencial], escapa a la experiencia directa de victimización” (Basombrío y Dammert 2013, 7), es más fácil prever que la venta de drogas no es un problema fácil de percibir por los residentes de un distrito y que el pandillaje es un término de uso común en el lenguaje cotidiano que normalmente se emplea para marcar distancia frente a grupos de jóvenes que, sin ser pandilleros, generan una sensación de inseguridad. Más bien, la operación de pandillas suele darse en espacios altamente violentos, territorializados y divididos (Valenzuela 2016). Es más probable que el miedo trasladado luego de la victimización se asocie a una sensación de inseguridad que busca justificaciones objetivas para explicar una realidad compleja difícil de comprender por una persona sin la información necesaria acerca de lo que sucede en su barrio.

Del otro lado, los resultados evidencian una clara asociación entre victimización y percepción de las condiciones del barrio. Trabajos previos habían advertido sobre cómo la desconfianza en la policía distorsiona la percepción del nivel de crimen a nivel local (Dammert y Malone 2002). Nuestros resultados se focalizan en la relación inversa, pero coinciden en el peso de lo local. Junto al no impacto sobre las condiciones pasadas o futuras del crimen, aparece un costo en términos de una menor satisfacción con el lugar donde se vive (VR8). Nuevamente, esta relación se fija en el hoy. Los datos no incluyen variables para evaluar el contexto social o económico del barrio de quien responde. Es una característica no observable, pero no la evocamos para analizarla en ese sentido. Más bien, la victimización y, su consecuencia más evidente, la mayor percepción de inseguridad, actuarían en forma conjunta para alterar negativamente la satisfacción con el lugar donde se vive (VR8). Si bien es cierto que nuestra estrategia empírica no brinda una secuencia o esquema de variables impactadas (en términos de qué variable de resultado afecta a qué otra), el sustento lo hallamos en algunos estudios en criminología que han aplicado modelos de ecuaciones estructurales para entender una secuencia de relaciones de impacto (Farrall, Gray y Jackson 2007; Jackson y Gouseti 2015).

Costos de la victimización sobre el capital social

El efecto negativo de la victimización sobre la confianza interpersonal y su efecto positivo sobre la participación en organizaciones contradice parte de la literatura. En la revisión sistemática de Sullivan y Transue (1999), ellos señalan que la literatura sobre capital social ha hallado en forma consistente una relación positiva entre confianza interpersonal y participación en organizaciones. De nuestros resultados, la victimización parecería quebrar esta relación.

De un lado, cuando el capital social se mide como confianza hacia los otros, los resultados son mixtos. Se reduce la confianza interpersonal (VR11), pero no hay ningún efecto significativo sobre la confianza en la mayoría de personas (VR12) ni sobre la confianza en personas que recién se conoce (VR13). La diferencia en estos resultados probablemente se deba al concepto más difuso que está implícito en la pregunta sobre “confianza hacia los otros”. Sin apuntar específicamente a algún grupo, en este caso la confianza se deposita en un individuo cualquiera que, para los victimizados, genera rechazo y, por tanto, desconfianza. Por ello, a medida que esa vaguedad se personifica (mayoría de personas y personas que recién conoce), la significancia del costo desaparece. La construcción del otro en contextos de inseguridad es clave importante para interpretar estas diferencias.

Del otro lado, cuando el capital social se mide como participación en organizaciones, los resultados apuntan hacia la misma conclusión. Haber sido víctima genera mayores incentivos para participar en la comunidad. En este caso no hay costo, sino una externalidad positiva: hay mayor aprobación de la necesidad de que los vecinos se organicen para solucionar problemas de la comunidad (VR14) e incluso mayor participación (VR15) y frecuencia de participación para resolver problemas de la misma (VR16). Estos efectos calzan con dos de las tres externalidades que Collier (1998) atribuye al capital social, específicamente la reducción del comportamiento oportunista gracias a la transmisión de conocimientos y la disminución del problema del free rider en la acción colectiva. En otras palabras, el contrafactual tiene bajos niveles de participación en organizaciones porque opta por beneficiarse del resultado del capital social ajeno. Lejos de tomarse como el lado positivo de haber sido víctima, la victimización crea incentivos selectivos (dirigidos a grupos particulares) que son menos eficaces en contextos de violencia (Olson 1999).

Como consecuencia de la victimización, la pérdida de confianza en instituciones con un rol directo en la seguridad ciudadana era un efecto esperado (Corbacho, Philipp y Ruiz-Vega 2012). Nuestros resultados robustecen esta relación gracias a la técnica y la amplia muestra empleada. A este efecto lo denominamos desconfianza focalizada, pues casi todas las instituciones con un rol en el sistema de justicia fueron objeto de una mayor desconfianza. Son sólo dos las entidades que vieron reducida su confianza en mayor proporción: la policía (VR17) y la Procuraduría General (VR18), ambas con un rol en la seguridad ciudadana. Como un conjunto de instituciones, el sistema judicial (VR19) es el tercer objeto de mayor pérdida de confianza. El resto de instituciones afectadas forma parte de distintos niveles del Estado: Corte Suprema (VR20), Ministerio Público (VR21), gobierno local (VR22), el Ejecutivo (VR24), el Poder Legislativo (VR25). Fuera de este círculo, el gobierno (VR26) como tal e incluso los partidos políticos (VR27) perdieron confianza entre quienes fueron víctimas de la delincuencia. Además, preocupa que la victimización disminuya variables directamente ligadas a la legitimidad de las instituciones, como la confianza en que la policía capturaría al culpable que le roba (VR38), la confianza en que Poder Judicial castigaría al culpable si le roban o asaltan (VR39) y la percepción que la policía participa en el crimen (VR40).

Junto a este grupo de instituciones afectadas, hay un segundo grupo que tiene una particularidad. En este, ninguna tiene responsabilidad técnica o política de seguridad ciudadana. Es el caso del costo en la confianza sobre el Ombudsman (VR31) y la Iglesia Católica (VR33). En otras palabras, la desconfianza se desplaza. El sistema electoral (VR28) también recoge el costo de la desconfianza. Si a estos efectos acumulamos el hecho que aumenta la percepción de corrupción en funcionarios corruptos (VR36) y que se reduce la percepción que los líderes están interesados en lo que la gente desea (VR37), hay mayor base para calificar a este patrón como desconfianza desplazada. Siguiendo al concepto de ansiedad desplazada (Hale 1996), en este caso la desconfianza se extiende más allá de lo que debería. Afecta a las instituciones con un rol directo pero desplaza su efecto hacia otras que, ajenas a dicho rol, sólo sirven como depositarias de la mala experiencia.

Costos de la victimización sobre la percepción de la democracia

Hasta el momento, los costos que aparecen como consecuencia de la victimización han afectado la percepción de inseguridad, los problemas en el barrio, la confianza hacia los otros, la legitimidad de la policía y el Poder Judicial y hasta la confianza en instituciones con y sin rol en la seguridad ciudadana. Pero no ha habido mayor efecto sobre la percepción de la necesidad de mano dura (VR43 en Tabla 5). En principio, sí lo ha hecho en dos indicadores generales, aumentando la justificación de un golpe militar cuando hay mucha delincuencia (VR41) o cuando hay mucha corrupción (VR42). Sin embargo, a la luz del resto de resultados, estos costos podrían estar reflejando una sensación de falta de autoridad en la democracia en lugar de la real necesidad de un gobierno autoritario. Esto tiene sustento cuando en los resultados la victimización no genera efectos sobre las personas que consideran que hace falta un gobierno de mano dura (frente a uno alternativo basado en a la participación) (VR43) ni sobre la preferencia por un régimen autoritario (VR44). Si bien estas posiciones están basadas en principios muy generales (democracia y autoritarismo), las opciones más directas y concretas contra la delincuencia tampoco se vieron afectadas por la victimización. La victimización no afectó la aprobación del aumento del castigo para reducir crímenes (VR45) ni la aprobación que personas hagan justicia por sus propias manos cuando el estado no los castiga (VR47). Estos resultados calzan con la forma actual del populismo penal. En América Latina, el populismo penal ha terminado por representar más un enfoque de comunicación política que una alternativa de política pública (Basombrío y Dammert 2013).

Tabla 4 Costos de la victimización sobre el capital social.

*** p < 0.01; ** p <0.05; * p < 0.1.

Tabla 5 Costos de la victimización sobre la percepción de la democracia.

*** p <0.01; ** p <0.05; * p < 0.1.

Así como la preferencia por políticas de mano dura tiende a ser más discursiva, una situación similar sucede con el costo de la violencia sobre la satisfacción con la democracia y la preferencia por un régimen autoritario. En línea con otros estudios que sugieren que la satisfacción con la democracia es más sensible que el apoyo a un régimen autoritario (Blanco y Ruiz 2013; Ceobanu, Wood y Ribeiro 2010; Fernández y Kuenzi 2010; Carreras 2013), nuestros resultados confirman esta relación, pero agregan algo importante. La satisfacción con la democracia (VR48) reflejaría un conglomerado de efectos inmediatos y puntuales que no alteran la necesidad de la democracia ni cuestionan su existencia. Como señalan Ceobanu, Wood y Ribeiro (2010), haber sido víctima directa de un delito genera una atribución de responsabilidad que apunta al Estado como culpable, pero sin que ello erosione el apoyo mayor que se tiene hacia la democracia.

El costo de la victimización por género

Los costos de la victimización son consistentemente mayores para las mujeres. Las Tablas 3, 4, 5 también dan cuenta de los resultados diferenciados entre hombres y mujeres. A nuestro entender, esta es la primera investigación que evalúa el costo de la victimización por género y para una cantidad de variables tan amplia. De las cuarenta y ocho variables de resultado evaluadas, en treinta y cuatro (71 por ciento) el efecto fue mayor en las mujeres que en los hombres. Esto nos lleva a identificar un problema no advertido en la literatura.

En principio, frente a los hombres, las mujeres victimizadas presentan un mayor aumento de percepción de inseguridad. La única excepción es el efecto sobre la percepción que la delincuencia es amenaza para el país en el futuro. Estos resultados señalan la paradoja riesgo-miedo confirmada extensamente en la literatura (Ferguson y Mindel 2007; Karakus, McGarrell y Basibuyuk 2010; Grohe, Devalve y Quinn 2012) pero generalmente poco explicada. Algunos han optado por explicar la paradoja desde una perspectiva individual: las mujeres temen más porque perciben mayores consecuencias y menos control (defensa) ante cualquier delito (Jackson y Gouseti 2015) o porque al ser menos victimizadas ellas le temen a lo desconocido (Agnew 1985, citado por Farrall 2007). Al margen de cuál sea la explicación más adecuada para la paradoja riesgo-miedo en las mujeres, lo cierto es que el mayor costo sobre la percepción de inseguridad aumenta el efecto multiplicador sobre el resto de variables impactadas. Así, frente a los hombres, la victimización sobre las mujeres tiene efectos más fuertes y significativos en la confianza interpersonal, la desconfianza hacia las instituciones con rol en la seguridad ciudadana, la desconfianza desplazada, e incluso genera un mayor apoyo a políticas de mano dura en las mujeres.

En términos de capital social, incluso la victimización genera una mayor participación en organizaciones de las mujeres en cada uno de los tres indicadores empleados (VR14, VR15 y VR16). Este resultado contradice la literatura que señala que la participación en espacios de discusión y en espacios profesionales es altamente dependiente de los modelos de socialización diferenciados por género y del poder y del acceso a recursos acumulados que históricamente han sido capital de los hombres (Osborne 2005). Más bien, nuestros resultados sugieren que determinados shocks (victimización) pueden generar patrones de cambio al margen de las desigualdades de poder, acceso a recursos y modelos de socialización por género.

La legitimidad de instituciones (confianza en que la policía capturaría a delincuentes y que el Poder Judicial los sancionaría y percepción que la policía participa en el crimen) también fue castigada en mayor proporción por mujeres que por hombres. Contrario al resultado de Bergman y Flom (2012), quienes hallaron que ser hombre influye de manera significativa sobre la evaluación de la confianza de la policía en Argentina y México, nuestros resultados probablemente se relacionen al efecto multiplicador de la percepción de inseguridad y al hecho que las mujeres perciben mayor inseguridad pese a ser menos victimizadas.

Efectos heterogéneos sobre percepción de inseguridad y participación en organizaciones

Los resultados anteriores sugieren que el costo social de la victimización puede ser más importante en quienes tienen mayor probabilidad de ser víctimas de la delincuencia (es decir, es más alto en quienes tengan un mayor propensity score).

La Figura 5 prueba gráficamente esta hipótesis empleando la técnica no paramétrica de smoothing differences a fin de identificar si existen efectos heterogéneos. La línea de la figura representa el efecto o costo promedio de la victimización, es decir, la diferencia entre dos regresiones paramétricas, una para el grupo de tratamiento y otra para el grupo de control. El gráfico sugiere que el efecto de la victimización sobre la percepción de inseguridad es esencialmente lineal al margen de la probabilidad de la personas de ser víctima de la delincuencia (propensity score). En otras palabras, no importa el nivel de riesgo de victimización, el costo sobre la percepción de inseguridad es el mismo. La excepción está en las personas con alta probabilidad de victimización (mayor a 0.50). Aunque hay pocas personas en este rango del propensity score (ver Figura 4), el efecto de la victimización sobre la percepción de inseguridad crece en forma importante (el efecto promedio aumenta en un 50 por ciento). Pero como los intervalos de confianza también aumentan el efecto no es homogéneo sino disperso.

Estos resultados permiten formular dos conclusiones. Primero, que el costo de la victimización sobre la percepción de inseguridad es relativamente independiente de la probabilidad de ser víctima. En otras palabras, la percepción de inseguridad no está anclada en factores objetivos, sino en factores que no determinan una probabilidad real de, por ejemplo, ser robado o asaltado (Hipp 2010; Tartaglia y Zaccone 2012). Segundo, las pocas personas con alto riesgo de victimización son probablemente más conscientes de este estado y, por tanto, son más sensibles a sentirse inseguras frente a situaciones de riesgo. Probablemente, se trata de un grupo con características individuales y sociales de riesgo acumuladas, lo que las hace bastante vulnerables.

Figura 5 Efectos heterogéneos de la victimización sobre la percepción de inseguridad.

Si la percepción de inseguridad es un costo relativamente independiente de la probabilidad de ser víctima, ¿hasta qué punto el efecto positivo de la victimización sobre la participación en organizaciones también lo es? En otras palabras, ¿el riesgo de victimización afecta la participación en la comunidad?

En este caso, la respuesta es distinta y tiene dos partes. La Figura 6 presenta el efecto de la victimización sobre un índice compuesto de participación en organizaciones, construido mediante Análisis de Componentes Principales (a partir de dos variables: frecuencia con que ayudó para resolver problemas en la comunidad, con escala del 1 al 9; y aprobación de que las personas se organicen para solucionar problemas de la comunidad, con escala del 1 al 4) a fin de facilitar la lectura de los resultados. La primera parte de la respuesta es que el efecto tiene una pendiente positiva. Es decir, a medida que la probabilidad de victimización aumenta, la victimización generó más incentivos para aprobar y participar en esfuerzos colectivos para resolver problemas en la comunidad.

Figura 6 Efectos heterogéneos de la victimización sobre el índice de participación en organizaciones.

Sin embargo, acá la segunda parte de la respuesta, la participación en organizaciones no es de igual intensidad entre grupos de distinto nivel socioeconómico. Como lo muestra la Figura 7, el índice de participación en organizaciones tiene una correlación positiva con la muestra total (dieciséis países) dividida por percentiles de nivel socioeconómico. Diferencias de este tipo obligan a diferenciar el efecto de la victimización sobre la participación en organizaciones en dos grupos opuestos: aquellos en el quintil más pobre y más rico. Los resultados, presentados en la Figura 8, sugieren tres aspectos finales.

Figura 7 Nivel socioeconómico (en percentiles) e índice de participación en organizaciones.

Figura 8 Efectos heterogéneos de la victimización sobre el índice de participación en organizaciones (quintil más pobre y más rico).

Primero, la población del quintil más pobre está expuesta a mayor riesgo de victimización y menos recursos monetarios para afrontarlos, lo que los impulsa a buscar protección en los recursos que les son más asequibles y que han acumulado en el tiempo (comunidad) y a reposar menos en lo que los ha hecho vulnerables (insuficientes recursos económicos). Segundo, en el quintil más rico, el mayor aislamiento y menor identidad colectiva refuerzan la capacidad de sus recursos económicos como medio de protección. El efecto en el quintil menos rico calza con la relación positiva entre mayor victimización y mayor participación en organizaciones. Sin embargo, en el quintil más rico, el efecto es negativo. Valga remarcar que se trata de pistas importantes, en tanto el efecto no es estadísticamente distinto de cero (los intervalos de confianza incluyen al cero). Finalmente, cada quintil emplea los recursos que más le favorecen y que más ha acumulado en el tiempo, reforzando la idea de cómo el capital social genera externalidades (Collier 1998). Siguiendo el concepto de movilización cognitiva de Inglehart (1990), estos resultados sugieren que el incentivo a participar en la comunidad es un sub producto de la abundancia relativa de recursos resultante del desarrollo económico y las desigualdades que operan a nivel local. Las políticas de seguridad tenderían a acentuar tales diferencias.

Conclusiones

América Latina es el continente con mayores índices de victimización. Sus costos son diversos y van más allá de lo advertido por Buvinic, Morrison y Shifter (1999). En este trabajo se estimó una larga lista de costos sociales de la victimización vinculados a la percepción de inseguridad, capital social y percepción de la democracia. Ser víctima de un delito no sólo genera mayor percepción de inseguridad para uno mismo y para su familia, sino que altera la propia percepción de lo que sucede en el barrio. Afecta, además, la confianza depositada en instituciones ligadas a la prevención, sanción y control del delito, pero también se desplaza a instituciones sin relación con este rol. La victimización también genera que se desconfíe en los otros.

En un sentido agregado, la violencia se ha convertido en un costo económico con consecuencias para la gobernabilidad y la calidad de la democracia (Dammert y Arias 2007) así como para la capacidad gubernamental de enfrentarla (Arriagada y Godoy 1999). Nuestros resultados proveen información adicional sobre el daño de los costos no económicos de la victimización, y proveen pistas de un débil daño permanente sobre las reglas del juego democrático (visto desde quienes sufrieron el delito). Además, el costo de la victimización sobre la preferencia de la democracia no altera su preferencia por sistemas autoritarios. Si bien la victimización hace que las instituciones encargadas de prevenir, controlar y sancionar el delito pierden confianza, los resultados no sugieren la necesidad de más mano dura dentro de la democracia.

Nuestro estudio es el primero en cubrir el vacío actual en la literatura respecto de la diferencia de costos sociales por género. Las mujeres presentan largamente costos más altos en términos de percepción de inseguridad, capital social y percepción de la democracia. La tendencia a feminizar la victimización de las mujeres y considerar que sólo las afectan problemas relacionados a la violencia familiar y de pareja, ha invisibilizado el costo de la delincuencia común, algo que afecta la legitimidad del Estado por poner en segundo plano a quienes más sufren sus consecuencias.

Por último, nuestros resultados contribuyen con un aporte adicional. El efecto de la victimización sobre el capital social genera incentivos positivos para participar en resolver problemas en la comunidad, pero dicho efecto es muy distinto en niveles socioeconómicos opuestos, probablemente porque cada grupo aprovecha los recursos que más y mejor ha acumulado (los pobres, lo comunitario; los ricos, lo económico).

En conjunto, nuestros resultados proveen información nueva que contribuye a enriquecer y ampliar la formación de teorías propias a la región latinoamericana respecto de la percepción de inseguridad, el capital social y la percepción de la democracia, diferencia que las políticas de seguridad ciudadana deberían nivelar.