La República Democática de Santo Tomé y Príncipe se adhirió, sin hacer ninguna declaración ni reserva, el 5 de julio de 1996, a los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y no internacionales (Protocolo II), aprobados en Ginebra el 8 de junio de 1977.

¿Qué papel piensan las mujeres que pueden desempeñar en la preventión y la solución de los conflictos? Este fue el tema de un seminario celebrado a fines de marzo de 1996, en Bamako, que congregó a una veintena de mujeres afiliadas al Movimiento National Femenino de Salvaguardia de la Paz y la Unidad National y a representantes del CICR.

En Mali, es cada vez mayor el número de mujeres que quieren integrarse de forma más completa en la vida cívica del país. El movimiento citado se creó precisamente para estimular la motivación y la participación de las mujeres en la solución de los problemas de la población tuareg del norte del país. En efecto, las mujeres pueden desempeñar una función importante en el mantenimiento de la cohesión social entre los diversos grupos étnicos y por lo que atañe al respeto de la diversidad cultural. Las integrantes del movimiento femenino dijeron que quieren conocer mejor el derecho internacional humanitario (DIH).

Después de dos años de intrincadas negociaciones y no obstante el apoyo prestado a la prohibición total de las minas antipersonal por cerca de la mitad de los 51 Estados participants en la reunión final de la Conferencia de Examen de la Convención de 1980 de las Naciones Unidas sobre Ciertas Armas Convencionales, celebrada en Ginebra del 22 de abril al 3 de mayo de 1996, sólo se aprobaron finalmente restricciones mínimas del uso de las minas terrestres antipersonal. Nueve años después de la entrada en vigor del Protocolo II, hoy enmendado, las minas antipersonal tendrán que ser detectables y las esparcidas fuera de campos minados señalados, mediante aeronaves, piezas de artillería u otros medios, tendrán que autodestruirse en el plazo de treinta días. Sin embargo, se podrán seguir fabricando, exportando y usando, incluso de manera indiscriminada, minas de larga duración. Desgraciadamente, y aunque haya sido aprobada por consenso, es poco probable que esta modesta respuesta jurídica a tan importante problema humanitario reduzca sustancialmente el aterrador número de víctimas de las minas.

1. El presente Protocolo se refiere al empleo en tierra de las minas, armas trampa y otros artefactos, que en él se definen, incluidas las minas sembradas para impedir el acceso a playas, el cruce de vías acuáticas o el cruce de ríos, pero no se aplica al empleo de minas antibuques en el mar o en vías acuáticas interiores.

2. El presente Protocolo se aplicará, además de a las situaciones a que se refiere el artículo 1 de la Convención, a las situaciones a que se refiere el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. El presente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos de violencia y otros actos análogos que no son conflictos armados.

3. En el caso de conflictos que no sean de carácter internacional que tengan lugar en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada parte en el conflicto estará obligada a aplicar las prohibiciones y restricciones del presente Protocolo.

Toda guerra origina su cúmulo de desaparecidos, militares o civiles. Por cada persona desaparecida, una familia sin noticias, vive desesperada y atenazada por la angustia. Hay que dar respuestas; pues, la verdad, por muy dolorosa que sea, siempre es preferible al tormento que causan la incertidumbre y las falsas esperanzas. La población civil de Bosnia y Herzegovina es la principal víctima de un conflicto en el que los beligerantes se esfuerzan por expulsar a las minorías y transformar los territorios en lugares étnicamente homogéneos. Todavía hoy, hay miles de personas desaparecidas en combate, en las cárceles, ejecutadas sumariamente o masacradas, cuyos familiares esperan noticias.

El derecho internacional humanitario incluye varias disposiciones que garantizan el derecho de las familias a conocer el paradero de sus allegados y se enumeran las obligaciones que las partes en conflicto tienen, de proporcionar todos los medios de que dispongan a fin de facilitar las respuestas a dichas familias. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se basa, sobre todo, en estos dos grandes principios para poner en marcha los mecanismos que permitan aliviar la aflicción causada por la incertidumbre en la que, una vez las armas acalladas, las familias se sumergen.

El Commonwealth de Dominica se adhirió, sin hacer ninguna declaración ni reserva, el 25 de abril de 1996, a los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativos a la proteccion de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y no intemacionales (Protocolo II), aprobados en Ginebra el 8 de junio de 1977.

De conformidad con sus disposiciones, los Protocolos entrarén en vigor, para el Commonwealth de Dominica, el 25 de octubre de 1996.

Con esta adhesión asciende a 144 el número de Estados Partes en el Protocolo I y a 136 el de Estados Partes en el Protocolo II.