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Published online by Cambridge University Press: 23 March 2011
El Tribunal Penal International para ex Yugoslavia (TPIY) y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) fueron instituidos el 11 de febrero de 1993 y el 8 de noviembre de 1994, respectivamente, por decision del Consejo de Seguridad para enjuiciar a las personas responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario. La finalidad del Consejo de Seguridad era poner término a tales violaciones y contribuir a restaurar y a mantener la paz. Con el establecimiento de los dos Tribunales ad hoc se ha dado, sin lugar a dudas, un gran paso en esa dirección y se da a los autores de dichas transgresiones y a las víctimas la inequívoca señal de que ya no se volverá a tolerar tal comportamiento.
1 El presente artículo no pretende, en modo alguno, abarcar todos los aspectos de estos crímenes ni las decisiones pronunciadas al respecto. Se han dado sólo algunos ejemplos para mostrar las dificultades con que se puede tropezar en las diligencias penales por genocidio y crímenes de lesa humanidad.
2 Informe del secretario general en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2 de la resolución 808 del Consejo de Seguridad (1993), S/25704, párr. 34. Sin embargo, con respecto al TPIR, el Consejo de Seguridad adoptó un enfoque más amplio en cuanto a la elección del derecho aplicable. Por lo que atañe a su jurisdicción, el TPIR incluyó los instrumentos internacionales sin considerar si formaban parte del derecho internacional consuetudinario o si habían entrañado, usualmente, la responsabilidad penal individual del autor del crimen (véase Informe del secretario general en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 5 de la Resolución 955 del Consejo de Seguridad (1994), S/l995/134).
3 Préambulo del Convenio de La Haya nº IV sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre, 1907.
4 Citado en Schwelb, E., «Crimes against humanity», British Yearbook of International Law, vol. 23, n2 8, 1949, p. 181Google Scholar.
5 La Comisión se estableció para investigar sobre las responsabilidades del Imperio alemán y sus aliados, de conformidad con el derecho internacional, por actos cometidos durante la Primera Guerra Mundial.
6 Sin embargo, a causa de algunas objeciones, no se hizo referencia alguna de las leyes de humanidad en los Tratados de Paz de Versalles, Saint-Germain-en-Laye, Trianon y Neuilly-sur-Seine; se mencionaron solamente los actos cometidos en contra de las leyes y costumbres de la guerra.
7 Schwelb, E., op. cit. (nota 4), p. 183Google Scholar.
8 Poco después de la firma del Acuerdo de Londres, los cuatro Gobiernos aliados concertaron un acuerdo en Berlín para esclarecer el texto del artículo 6 (c) y disipar las discrepancias en los textos igualmente auténticos en ruso, inglés y francés. Se aportaron algunas modificaciones en los dos primeros textos, a fin de aclarar la intención de estos Gobiernos de que el significado de los crímenes de lesa humanidad en el Estatuto se limita a los crímenes cometidos en relación con cualquiera de los crímenes de la incumbencia del Tribunal.
9 Se había previsto que el Tribunal Militar Internacional cesara en sus funciones y que la tarea de enjuiciar y castigar a los demás presuntos autores de crímenes de guerra quedaría a cargo de cada Potencia ocupante. Levie, Howard S., Terrorism in war: The law of war crimes, Oceana Publications, Nueva York, 1993, p. 71Google Scholar.
10 Sin embargo, cabría aducir que estas diferencias estan contenidas en la expresión «u otros actos inhumanos» del Estatuto de Londres.
11 United States v. Ohlendorf et al., Case N° 9, IV CCL Trials (1947), p. 49. Misma decisión en United States v. Altstoelter et al. (Justice Case), Case N° 3, III CCL Trials (1947), p. 974. Sin embargo, dicha interpretación no se aplicó unánimemente; véanse conclusiones en United States v. von Weizsaecker et al. (Ministries Case), Case N° 11, XIII CCL Trials (1948), p. 112, y en United States v. Flick et al. (Flick Case), Case N° 5, VI CCL Trials (1947), p. 1213.
12 Numerosos autores, así como en el Justice Case, han examinado el estatuto jurídico de la Ley nº 10 del Consejo de Control, considerada como una norma de derecho internacional, de derecho intemo e incluso de derecho híbrido. Bassiouni expresa sin ambages esta ambigüedad: «La incongruencia es obvia, puesto que la [Ley nº 10] había de ser una ley interna aplicable sólo territorialmente, a pesar de dimanar del derecho internacional, y que su formulación y su promulgation eran el resultado de la victoria de los Aliados que actuaban en el ejercicio de su autoridad suprema sobre Alemania, tras la rendición incondicional de este país», Bassiouni, C., Crimes against humanity in international criminal law, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1992, p. 36Google Scholar. véase tambieé Schwelb, loc. cit. (nota 7), p. 218Google Scholar.
13 Tribunal de Distrito de Jerusalén, fiscal del Estado de Israel contra Eichmann, en Israel Law Review, vol. 36, nº 5, 1961Google Scholar. Para un análisis más completo del caso Eichmann, véanse Baade, , «The Eichmann trial: Some legal aspects», Duke Law Journal, 1961, p. 400CrossRefGoogle Scholar; Fawcett, , «The Eichmann Case», British Year Book of Internacional Law, vol. 38, 1962, p. 181Google Scholar; Schwarzenberger, , «The Eichmann judgementsy» Current Legal Problems, vol. 15, 1962, p. 248CrossRefGoogle Scholar.
14 Sentencia del 20 de diciembre de 1985, publicada en el Journal de droit international, 1986, pp. 129–142Google Scholar, citado en Wexler, L.S., «The interpretation of the Nuremberg Principles by the French Court of Cassation: From Touvier to Barbie and back again», Columbia Journal of International Law, vol. 32, 1994, p. 342Google Scholar.
15 Demjanjuk v. Petrovsky, 776 F. 2d. 571 (6th Circ. 1985), cert. Denied, 475 U.S. 1016 (1986).
16 El Tribunal de Apelaciones se fundó solamente en la definición de crimen de lesa humanidad prevista en la Constitutión del Estado de Israel de 1950 y en la ley relativa al castigo de los nazis y de los colaboradores nazis. El objetivo era atender al requisito de la doble criminalidad. El Tribunal concluyó que, aunque el crimen se calificaba de manera diferente en los dos países —dado que en los Estados Unidos el acto de matar ilícitamente a una o a más personas con intención delictiva es sancionado como asesinato, y no como crimen de lesa humanidad o de asesinato en masa—, bastaba que el acto específico con respecto al que se solicitaba la extradición fuera delictivo en ambos países.
17 Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, Prosecutor v. Dusko Tadic, Case N° IT-94–1-AR72, 2 de octubre de 1995Google Scholar, parr. 141.
18 Reservations to the Convention on Genocide, Advisory Opinion, Informes de la CIJ, 1951, p. 23Google Scholar.
19 Barcelona Traction Case (Belgium v. Spain), Informes de la CIJ, vol. 3, 1970Google Scholar, parrs. 33 y 34.
20 Informe de la Comisión de Derecho Internacional, UN doc. A/51/10, p. 95.
21 «…asf pues, cabe preguntarse: ¿es lógico disponer de un esquema jurídico, según el cual el asesinato intencional de una sola persona puede calificarse de genocidio, mientras que la matanza de millones de personas desprovista de la intención de destruir al grupo protegido, total o parcialmente, no es un crimen internacional? Sin embargo, esta es la situación actual», Bassiouni, C., loc. cit. (nota 12), p. 473Google Scholar.
22 Bassiouni, C., International criminal law: A draft International Criminal Code, Sithoff and Noordhoff, Alpen aan den Rijn, 1980, p. 73Google Scholar.
23 Webb, J., «Genocide Treaty — Ethnic cleansing: substantive and procedural hurdles in the application of the Genocide Convention to alleged crimens in the former Yugoslavia» Georgia Journal of International & Comparative Law, nº 377, 1993, p. 391Google Scholar.
24 Fiscal contra Mladic y Karadsic, examen de las acusaciones en aplicación de la Norma 61 de las Normás de Procedimiento y de Prueba, Caso nº IT–95–5–R61, 11 de julio de 1996, párrs. 92 y 94.
25 Webb, J., loc. cit. (nota 23), p. 393Google Scholar.
26 Informe de la CDI, 1996, p. 98.