«Sería un error situar al autor con respecto al tribunal. Sin embargo, está en la sala de audiencias, pero en uno de esos asientos, generalmente poco cómodos, reservados para el público. No tiene intención alguna de tomar partido. Observa la justicia, el mecanismo de la justicia, ese conjunto muy concreto de edificios, tradiciones, textos, gestos, actores y conductores. Observa con ojo clínico. ¿Cómo actúa este organismo en las tinieblas de la guerra?» (Traducción)

Pierre Boissier

«No se impondrá condena ni se ejecutará pena alguna… sino en virtud de sentencia de un tribunal imparcial, constituido con arreglo a la ley y que respete los principios generalmente reconocidos para el procedimiento judicial ordinario…»

Basta una ojeada a la prensa diaria para apreciar el estado de convulsión y de crisis permanente que afecta a gran parte del planeta. Es evidente que un buen número de Estados padece situaciones de conflicto interno de muy diversa índole, que convierten en un raro privilegio la situatión de paz social de que gozan normalmente América del Norte y Europa Occidental. Esas situaciones de conflicto interno propician, allí donde se producen, la escalada de la violencia más arbitraria contra víctimas indefensas y la multiplicación de violaciones de los derechos y libertades fundamentales de la persona, nacional o extranjera.

En efecto, la paulatina degradación de los derechos y libertades de los nacionales de los Estados sometidos a situaciones de conflicto interno ha acarreado inevitablemente una degradación paralela de los derechos y libertades de los extranjeros instalados en esos Estados, en particular de ciertos grupos de extranjeros (como son los trabajadores y cooperantes) que, por razones que luego expondremos, están sometidos en tales situaciones de crisis a riesgos mayores para la salvaguarda de su vida, libertad y seguridad, por citar los motivos de preocupación más tradicionales y esenciales del derecho de extranjería (en el derecho internacional clásico) y de los derechos humanos (en el derecho internacional contemporáneo).

Enseñundir el derecho internacional humanitario (DIH), es más que una obligación de los Estados inscrita en los Convenios de Ginebra y en sus Protocolos adicionales. Enseñar y difundir el DIH es emprender una de las principales acciones, si no la principal, que permite limitar los sufrimientos durante los enfrentamientos armados.

Incumbe a todos los miembros de la familia Cruz Roja y Media Luna Roja promover los principios e ideales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, para propagar un espíritu de cooperación y de paz.

La difusión es la actividad que consiste en dar a conocer el derecho international humanitario (DIH), asñ como los Principios Fundamentales y los ideales del Movimiento, a fin de que sean comprendidos y aceptados y que se facilite asñ la actión humanitaria.

El derecho internacional humanitario es el conjunto de normas (los 4 Convenios de Ginebra de 1949 y sus 2 Protocolos adicionales de 1977), que en la guerra regula los derechos, obligaciones y limitaciones de los beligerantes entre sí.

Los Estados Partes en los Convenios de Ginebra y en sus Protocolos adicionales mediante su firma y posterior ratificación no sólo se han comprometido a respetar y hacer respetar el derecho humanitario en cualquier circunstancia, sino a difundirlo lo más ampliamente posible en tiempo tanto de paz como de guerra, tanto en las fuerzas armadas y la policía como entre la población civil. Así se estipula específicamente en los artículos 47 del I Convenio, 48 del II Convenio, 127 del III Convenio y 144 del IV Convenio de Ginebra.

Desde hace algún tiempo, se desencadenan conflictos armados en el continente europeo o cerca de éste.

Se trata de conflictos armados entre Estados, como la guerra del Golfo, autorizada por la Resolución 678 del Consejo de Seguridad, o de guerras de liberatión nacional, como el conflicto armado en Yugoslavia, o la rebelión en Kurdistán. Independientemente de la legitimidad del recurso a la fuerza en cada una de estas situaciones, y aunque la notión clásica de «guerra justa» ya no existe, todas las partes en un conflicto armado tienen la obligación moral, jurídica y humanitaria de respetar, en la conducción de las hostilidades y mientras dure el conflicto, las leyes y costumbres de la guerra.

En su reunión del 19 de marzo de 1992, la Asamblea del Comité Internacional de la Cruz Roja eligió como miembros del Consejo Ejecutivo a los señores Jacques Forster y Peter Fuchs. El señor Fuchs asumirá, a partir del 1 de mayo de 1992, la función de director general.

El señor Jacques Forster, profesor en el Instituto Universitario de Estudios de Desarrollo (IUED), es miembro del CICR desde 1989. Reemplazará en el Consejo Ejecutivo al señor Rudolf Jäckli, que ha ejercido este cargo durante trece años. El señor Jäckli sigue siendo miembro del CICR.

El doctor Peter Fuchs sucede al señor Guy Deluz que expresó el deseo de renunciar a su cargo para dedicarse a otras actividades. En su reunión del 20 de febrero, la Asamblea del Comité Internacional de la Cruz Roja aceptó su renuncia y agradeció la competencia y la entrega con las que ha realizado su labor en la Institutión. El CICR podrá seguir beneficiándose de la experiencia del señor Deluz recurriendo a él como consultor en el marco de los estudios para los que se ha contado con su estrecha colaboración.

El presidente del CICR, señor Cornelio Sommaruga, efectuó, entre enero y febrero de 1992, varias misiones sucesivas a Estados Unidos, ante el Consejo de Europa en Estrasburgo, a Alemania, Portugal y Noruega.

En Nueva York, donde estuvo del 6 al 8 de enero, el presidente Sommaruga participó en la sesión de apertura del IX Seminario de Derecho Internacional Humanitario para diplomáticos acreditados ante las Naciones Unidas, organizado conjuntamente por la Universidad de Nueva York y el CICR; después, se reunió con los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como con el nuevo secretario general de las Naciones Unidas, y mantuvo contactos con diversos representantes permanentes ante la ONU.

En nuestro país, la Cruz Roja tiene su origen cuando la señora Matilde Obarrio de Mallet, consciente de las grandes limitaciones de salud que, en los primeros años de independencia, azotaban a la nación, inició una serie de gestiones ante el Gobiemo, entidades privadas y personas generosas e interesadas en organizar una institutión de ayuda social. Esta iniciativa concluyó con la fundación de la Cruz Roja Panameña, sancionada mediante el Decreto Ejecutivo nº 34 del 1 de marzo de 1917.

Esta organizatión, que tiene en su haber el establecimiento de las primeras guarderías infantiles de nuestro país, contó con el apoyo profesional del doctor Nicolás Solaro para la asistencia voluntaria en la primera clínica antituberculosa de Panamá y se ha caracterizado, además, por la atención especial que ha brindado a los menores en situatión irregular.

Los Emiratos Árabes Unidos, mediante su declaración del 6 de marzo de 1992, reconocen la competencia de la Comisión Internacional de Encuesta.

De conformidad con el artículo 90, párrafo 2, apartado a) del Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, los Emiratos Árabes Unidos declaran que reconocen ipso facto y sin acuerdo especial, con relatión a cualquier otra Alta Parte contratante que acepte la misma obligatión, la competencia de la Comisión Internacional de Encuesta para proceder a una investigación acerca de las denuncias formuladas por otra Parte.

Invitada por el Gobiemo suizo, depositario de los Convenios de Ginebra de 1949 y de sus Protocolos adicionales, la Comisión Internacional de Encuesta, prevista en el artículo 90 del Protocolo I, se reunió por primera vez, los dóas 12 y 13 de marzo de 1992, en Bema, donde está su sede.

La principal función de la Comisión, que ya está prestando servicios, es realizar encuestas sobre supuestas infracciones u otras violaciones graves de los Convenios de Ginebra y del Protocolo I. Puede apelar a la Comisión cualquier parte que haya hecho la declaración de aceptación de competencia contra cualquier otra parte que también haya hecho dicha declaración. También puede apelar a ella cualquier parte que haya hecho una declaración ad hoc; pero, en ese caso, sólo si la parte objeto de la encuesta está de acuerdo. La Comisión dijo estar también dispuesta, si las partes en conflicto están de acuerdo, a realizar encuestas sobre otras violaciones del derecho humanitario, incluidas las cometidas en guerras civiles.