La cláusula de Martens forma parte del derecho de los conflictos armados desde que apareciera, por primera vez, en el Preámbulo del (II) Convenio de La Haya de 1899 relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre:

«Mientras que se forma un Código más completo de las leyes de la guerra, las Altas Partes Contratantes juzgan oportuno declarar que, en los casos no comprendidos en las disposiciones reglamentarias adoptadas por ellas, las poblaciones y los beligerantes permanecen bajo la garantía y el régimen de los principios del Derecho de Gentes preconizados por los usos establecidos entre las naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad y por las exigencias de la conciencia pública».

En su número de noviembre-diciembre de 1996, la Revista anunció la muerte, en su residencia del hospital de Novi Atagui, cerca de Grozni (república de Chechenia, Federación de Rusia), de seis delegados del CICR, fríamente tiroteados por hombres armados no identificados.

Eran seis. Seis seres humanos que, valiéndose de sus conocimientos, de sus manos, con el corazón, brindaban a los heridos del conflicto checheno un cobijo, asistencia médica, una sonrisa, consuelo. Eran de Canadá, de España, de Noruega, de Nueva Zelanda y de los Países Bajos y todos bajo la égida de la cruz roja. Trabajaban en el hospital del CICR en Novy Atagui. Ahora están muertos. El séptimo fue herido por una bala que hubiera podido matarlo. Y todos los demás, testigos de esa matanza, son la encarnación misma del dolor solidario.

La noche del 16 al 17 de diciembre de 1996, en el hospital del CICR en Novi Atagui, cerca de Grozni, 6 delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja fueron cobardemente asesinados por hombres armados.

A finales del verano de 1996, el CICR decidió abrir un hospital de campaña en Chechenia, a causa de los graves destrozos sufridos en los principales hospitales de Grozni y del gran número de heridos de guerra que no podían ser debidamente asistidos.

«Más que técnica, la seguridad [del personal humanitario sobre el terreno] es una cuestión de orden político. Ninguna norma, ninguna protección reemplaza al establecimiento de una red de contactos con todas las partes para convencerlas de la neutralidad, de la imparcialidad y de la independencia del CICR. En la medida en que los jefes de las tropas contendientes perciben al CICR como «partisano», éste se convierte en un bianco potential. En cambio, la neutralidad —y, sobre todo, la percepción de dicha neutralidad por los combatientes (…)— son la mejor garantía para las partes en conflicto de que el CICR no es una amenaza. La actitud neutral de los delegados del CICR convence a los combatientes de que su acción humanitaria no tiene incidencia militar alguna». He aquí una de las bases del concepto de seguridad que elaboró el Comité Internacional de la Cruz Roja hace unos años para aplicarlo en sus actividades cuando arrecian los conflictos.

La reunión de jefes de delegación y de delegados zonales del CICR, que tuvo lugar del 19 al 22 de enero de 1997, en Glion, fue un acontecimiento para la Institución. Permitió centrar la atención de los dirigentes de las actividades operacionales en las cuestiones de seguridad relativas a las situaciones en que se realiza la acción humanitaria. Las recientes tragedias que nan afectado al CICR (asesinato de diez colaboradores en Burundi, Chechenia y Camboya), así como el asesinato, en Ruanda, de tres colaboradores de Médicos del Mundo y de cuatro de la ONU, pusieron de relieve la imperiosa necesidad de reexaminar las medidas de seguridad y las modalidades de intervención, en el ámbito humanitario, en favor de las víctimas de conflictos.

Tras las acusaciones formuladas contra delegados que prestaban servicios para el CICR durante la Segunda Guerra Mundial, y que fueron publicadas por la prensa en el verano de 1996, la Institución se comprometióo a esclarecer este período de supasado. Dichas alegaciones se basan en observaciones hechaspor agentes de la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS) estadounidense, según las cuales, delegados del CICR actuaron de modo poco compatible con el cometido humanitario de la Institución.

Después de efectuar minuciosas investigaciones en sus propios archivos y en los Archivos Federates suizos, el CICR puede afirmar, actualmente, que de las 49 personas cuyos nombres figuran en los documentos de la OSS sólo 18 trabajaban para el CICR; tres de éstas cometieron, efectivamente, actos reprensibles. Una hizo malversations y las otras dos fueron convictas de actividades de espionaje, cuyo móvil fue, probablemente, el afán de lucro.

Tengo el honor y el privilegio de dirigirme a esta Conferencia, que centra sus debates en un tema de gran importancia para el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). El CICR, cuyo cometido es prestar protección y asistencia a las víctimas de confiictos armados y que realiza operaciones en todo el mundo, ha tenido que ver directamente, como organismo humanitario, con muchas misiones de mantenimiento de la paz emprendidas por las Naciones Unidas.

En primer Iugar, quisiera yo señalar que el mantenimiento de la paz es una labor esencial de las Naciones Unidas y que los organismos que, como el CICR, hacen frente diariamente a los horrores de la guerra, no pueden menos de congratularse por los constantes esfuerzos desplegados en este ámbito. Las operaciones de mantenimiento de la paz son parte de la misión básica de las Naciones Unidas. Tienen especial interés para nosotros y nos incumben porque pueden tener repercusiones para nuestra acción y dar Iugar a frecuentes contactos entre nuestros delegados y el personal militar de las Naciones Unidas sobre el terreno.

Los últimos años se han caracterizado, especialmente, por una mayor concienciación en cuanto a la necesidad de potenciar la aplicación efectiva del derecho internacional humanitario. Dicho de otro modo, se trata de dar un contenido a la obligación de los Estados de respetar y hacer respetar el derecho humanitario. En ese marco, es fundamental la aprobación, ya en tiempo de paz, de medidas nacionales para que se respete ese derecho en todas las circunstancias.

Leyendo los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977, nos damos cuenta de la gran diversidad de medidas que los Estados deben tomar, ya que son numerosos los sectores concemidos de la actividad estatal. A fin de llevar a cabo esas acciones —que, en realidad, son un proceso permanente—, se requiere la cooperación de varios Ministerios, administraciones públicas, entidades estatales, instituciones de utilidad pública u otras instituciones.

Tras la decepción generalizada que causó la aprobación, en 1996, de las modestas modificaciones del Protocolo II relativo a las minas terrestres de la Convención de las Naciones Unidas de 1980 sobre Ciertas Armas Convencionales (CAC), cabe abrigar esperanzas de que este año se apruebe y se firme un nuevo tratado internacional, por el que se prohPíban la producción, la exportación, la transferencia y el empleo de las minas terrestres antipersonal. Aunque en un comienzo el apoyo a dicho tratado no sea universal, su existencia permitirá establecer una norma jurídica internacional de peso y continuar allanando el camino hacia el objetivo que persigue el CICR: acabar con el flagelo de las minas terrestres.

Desde hace muchos años, las fuerzas armadas desarrollan nuevos métodos de observación a fin de aumentar las posibilidades de librar combates en todo momento y con cualquier tiempo. Para ello, algunas fuerzas armadas se han equipado con cámaras de imaginería térmica (IR) que permiten reconocer y detectar a personas y objetos, no solamente durante la noche sino también durante el día, aun cuando la visibilidad sea escasa (por ejemplo, a través del humo, del follaje o de la llovizna).

Tras invitación del CICR, se celebró en Ginebra, del 21 al 23 de octubre de 1996, la ón anual de asesores jurídicos de las Sociedades Nacionales y de encargados de difusión: juristas del CICR y representantes de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja ydela Media Luna Roja debatieron informalmente acerca del desarrollo delderecho internacional humanitario y de cómo promover mejor el conocimiento y el cumplimiento de ese cuerpo del derecho.

Michael A. Meyer, jefe de Derecho Internacional de la Cruz Roja Británica, habló del cometido de las Sociedades Nacionales en la aplicación del derecho internacional humanitario. La Revista publica el texto de sus observaciones; ha añadido subtítulos y pies de página.

La Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción, del 13 de enero de 1993 (Convención sobre Armas Químicas) surtirá efectos el 29 de abril de 1997, tras el depósito por Hungría, el 31 de octubre de 1996 del sexagésimo quinto instrumento de ratificación. Esta decisiva Convención complementa y potencia el Protocolo de Ginebra de 1925, por el que se prohíbe el empleo de armas químicas y biológicas, ya que en ella también se prohíben el desarrollo, la producción y el almacenamiento de las armas químicas —así como el empleo de éstas— y se exige la destrucción de las reservas existentes. El Protocolo de Ginebra de 1925 fue aprobado, a finales de la Primera Guerra Mundial, tras un acuciante llamamiento del CICR contra la guerra química. En virtud de la Convención sobre las Armas Biológicas, que surte efectos desde 1975, se prohíben el desarrollo, la producción y el almacenamiento de esas armas.

La República de Chad depositó, el 17 de enero de 1997, sin hacer declaración ni reserva alguna, un instrumento de «ratificación» de los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y no internacionales (Protocolo II), aprobados en Ginebra el 8 de junio de 1977. Sin embargo, dado que la República de Chad no ha firmado los Protocolos, el depositario considera el instrumento chadiano como un instrumento de adhesión.

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha reconocido oficialmente a la Media Luna Roja de Kirguizistán. Con este reconocimiento, que surte efectos desde el 19 de marzo de 1997, asciende a 171 el número de Sociedades Nacionales miembros del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Los nombres de los países que figuran en la lista siguiente pueden, a veces, diferenciarse de la denominación oficial de los Estados.

Las fechas indicadas son las del día de recepción, por el Departamento Federal Suizo de Asuntos Exteriores, del acta oficial transmitida por el Estado que ratifica, se adhiere, sucede o hace la declaración según el artículo 90 del Protocolo I. No se trata, pues, ni de la fecha de aprobación del acta oficial relativa a la ratificación, adhesión, sucesión o declaración, ni de la fecha del eventual envío.

Salvo las excepciones que figuran en una nota al pie del cuadro, los Convenios y los Protocolos entran en vigor para cada Estado seis meses después de la fecha en el presente documento; para los Estados que hagan una declaración de sucesión, entran en vigor retroactivamente el día de proclamación de la independencia.

Para preservar las garantías debidas a las víctimas de los conflictos armados, en el artículo 90 del Protocolo adicional I de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949 (Protocolo I), se prevé la constitución de una Comisión Internacional de Encuesta (CIE). Esta Comisión, formada oficialmente en 1991, es un órgano permanente y un mecanismo importante para velar por la aplicación y la observancia del derecho internacional humanitario en tiempo de conflicto armado.