El Tribunal Penal Intemacional para ex Yugoslavia (en adelante, «Tribunal Internacional») fue instituido hace más de cuatro años como respuesta a las masivas matanzas, las violaciones generalizadas y sistemáticas y la «depuración étnica» que se estaban cometiendo en ex Yugoslavia, con una dimensión y un salvajismo sin precedentes en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, considerando que esta situación era una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, decidió instituir el Tribunal Intemacional como órgano judicial subsidiario, con la convicción de que ello contribuiría al cese de tales prácticas.

La iniciativa de la Revista Internacional de la Cruz Roja de dedicar un número a una serie de artículos acerca de los dos Tribunales Penales Internacionales ad hoc, establecidos por las Naciones Unidas a fin de enjuiciar a los presuntos responsables de las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en ex Yugoslavia y en Ruanda es un símbolo de la creciente importancia que tienen ambas jurisdicciones penales, tanto para el gran público como para los especialistas.

La jurisdicción penal international es un antiguo sueño que se va haciendo poco a poco realidad. Ya en el tratado de Versalles de 1919 se prevé —artículo 227— el enjuiciamiento del emperador de Alemania, Guillermo II, por un tribunal international para responder a la acusación de «ofensa suprema contra la moral international y la autoridad sagrada de los tratados». Pero, tras haber rehusado los Países Bajos entregar al acusado, el juicio nunca tuvo lugar y Guillermo II había de morir en el exilio neerlandés, el año 1941. En los artículos 228 y 229 se estipula la organización del enjuiciamiento de los criminales de guerra, pero su aplicación fue decepcionante en el proceso de Leipzig. En los juicios de Nuremberg y de Tokio, tras la Segunda Guerra Mundial, se registró indudablemente un progreso hacia una verdadera jurisdicción penal international. No obstante, estos procesos, que transparentaban demasiado su origen, simbolizaron más la aplicación de la ley y de la justicia de los vencedores que la de una comunidad universal de Estados.

Al término de la Segunda Guerra Mundial, los Estados, aterrorizados por la violencia desatada que hizo estragos en el mundo durante más de cinco años, ratificaron una refundición de los Convenios de Ginebra con la esperanza de que este sólido instruments de derecho permitiera preservar, incluso en la guerra, la dignidad de los seres humanos. Se comprometieron a respetar, en los conflictos armados tanto internacionales como internos, los derechos fundamentals de la persona humana y a limitar a lo estricto necesario el empleo de la fuerza para poner fuera de combate al enemigo. En los dos Protocolos adicionales de 1977 se refrenda esta voluntad.

Los Tribunales Penales Internacionales, instituidos por el Consejo de Seguridad en 1993 y 1994, están a punto de demostrar que la represión internacional de las violaciones graves del derecho internacional humanitario ha dejado de ser un concepto meramente teórico. Veintiún acusados y sospechosos han sido transferidos a la sede del Tribunal de Arusha, y el Tribunal de La Haya ha dictado dos fallos condenatorios. Estos Tribunales no sólo tienen competencia para perseguir y enjuiciar a los presuntos responsables de violaciones graves del derecho internacional humanitario, sino que, de conformidad con los respectivos Estatutos, deben hacerlo velando por que las normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos del acusado sean plenamente respetadas en todas las fases de las diligencias incoadas.En el artículo 20 de los Estatutos del Tribunal para Ruanda y en el artículo 21 de los Estatutos del Tribunal para ex Yugoslavia, que reproducen el contenido de las disposiciones del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, seenumeran pormenorizadamente los derechos de que puede beneficiarse la persona acusada.

El Tribunal Penal International para ex Yugoslavia (TPIY) y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) fueron instituidos el 11 de febrero de 1993 y el 8 de noviembre de 1994, respectivamente, por decision del Consejo de Seguridad para enjuiciar a las personas responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario. La finalidad del Consejo de Seguridad era poner término a tales violaciones y contribuir a restaurar y a mantener la paz. Con el establecimiento de los dos Tribunales ad hoc se ha dado, sin lugar a dudas, un gran paso en esa dirección y se da a los autores de dichas transgresiones y a las víctimas la inequívoca señal de que ya no se volverá a tolerar tal comportamiento.

Si nos remontamos a los diversos orígenes de las leyes de la guerra, una pregunta elemental parece haber retenido la atención de los primeros legisladores: ¿por qué, de hecho, habría que imponer limitaciones jurídicas a las acciones bélicas, siendo así que su finalidad es destruir al enemigo extranjero? A primera vista, estas restricciones resultan ser incompatibles con el objetivo mismo de la guerra y no tenían valor alguno para quienes estaban obligados a resistir a un ataque armado o deseaban librar batalla contra el enemigo.

El Tribunal Penal International para Ruanda (TPIR), instituido, el 8 de noviembre, por el Consejo de Seguridad, del que es órgano subsidiario, tiene por cometido contribuir al restablecimiento y al mantenimiento de la paz, así como a la reconciliatión national, mediante el enjuiciamiento de los presuntos responsables de actos de genocidio o de otras violaciones graves del derecho international humanitario cometidos en el territorio de Ruanda, así como de ciudadanos ruandeses presuntos responsables de tales actos y de otras violaciones perpetrados, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994 en el territorio de Estados vecinos.

Vistas las atrocidades cometidas en Ruanda, entre abril y julio de 1994, la comunidad intemacional se ha comprometido a hacer respetar el derecho intemacional humanitario y a enjuiciar a los responsables de las infracciones contra ese derecho. Así, en virtud de la resolución 955 del 8 de noviembre de 1994, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estableció el Tribunal Penal Intemacional para que enjuicie tanto a los presuntos responsables de genocidio y de otras graves violaciones del derecho intemacional humanitario cometidas en el territorio de Ruanda como a los ciudadanos ruandeses presuntamente responsables de dichos actos o violaciones cometidos en el territorio de Estados vecinos.

«A decir verdad, lo importante no es cuántos casos de atrocidades puedan tratar los Tribunales Intemacionales sino el profundo mensaje que transmite su existencia misma, propiciando así el desarrollo del derecho mediante sus estatutos, sus normas de procedimiento y de prueba, así como mediante la práctical»

En la primavera de 1994, fueron muertas en Ruanda más de 500.000 personas en uno de los más cruentos genocidios de la historia. La matanza comenzó apenas unas horas después de que fuese derribado, en un atentado, el avión en que viajaban, tras negociaciones de paz en Tanzania, los presidentes de Ruanda y de Burundi, antes de aterrizar en el aeropuerto de Kigali.

La reactión de la comunidad internacional ante la matanza y el genocidio en Ruanda ha sido, a veces, reticente e inadecuada. Esto se debe, en parte, a la cantidad de recursos humanos y materiales que habrían sido necesarios para restaurar la paz y resolver las cuestiones más fundamentales del derrumbamiento del Estado mismo. Sin embargo, la experiencia de Ruanda también plantea serios interrogantes acerca de la adecuación de las estructuras internacionales y regionales encargadas de mantener y restaurar la paz.

La rivalidad por lo que se refiere a la competencia, a la complementariedad y la cooperatión entre un tribunal internacional y las jurisdicciones nacionales es una cuestión inevitable que puede plantearse a todos los Estados del planeta, puesto que todos pueden verse, en algún momento, confrontados con muchos de los crímenes con respecto a los cuales son competentes, en virtud del principio de competencia universal, los tribunales internacionales, dondequiera que se hayan cometido y cualquiera que sea la nacionalidad del autor.

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha reconocido oficialmente a la Cruz Roja de Kiribati. Con este reconocimiento, que surte efectos desde el 30 de septiembre de 1997, asciende a 172 el número de Sociedades Nacionales miembros del Movimiento Intemacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

El Comité Intemacional de la Cruz Roja ha reconocido oficialmente a la Cruz Roja de Palau. Con este reconocimiento, que surte efectos desde el 30 de septiembre de 1997, asciende a 173 el número de Sociedades Nacionales miembros del Movimiento Intemacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

El Comité Intemacional de la Cruz Roja ha reconocido oficialmente a la Media Luna Roja de Tayikistán. Con este reconocimiento, que surte efectos desde el 6 de noviembre de 1997, asciende a 174 el número de Sociedades Nacionales miembros del Movimiento Intemacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha reconocido oficialmente a la Cruz Roja de Georgia. Con este reconocimiento, que surte efectos desde el 6 de noviembre de 1997, asciende a 175 el número de Sociedades Nacionales miembros del Movimiento Intemacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.