La celebración, este mes de agosto de 1989, del 125.° aniversario de la aprobación del Convenio de Ginebra del 22 de agosto de 1864 para el mejoramiento de la suerte de los militares heridos en los ejéYcitos en campaña brinda la oportunidad de recordar la medida en que este pequeño texto de diez artículos marcó un hito en la historia de la humanidad, iniciando el desarrollo del derecho convencional de la guerra y de lo que más tarde sería el derecho internacional humanitario.

«Por primer a vez en la historia, los Estados reconocían que debe existir un pedazo de terreno inviolable donde no puedan penetrar el hierro ni elfuego; aceptaban limitar, en el piano internacional, su propia potencia en favor del individuo y en nombre de un imperativo altruista. Por primera vez, la guerra cedía el paso al derecho».

Los emblemas de la cruz roja y el de la media Itina roja son a la vez lafuerza y la debilidad de nuestro Movimiento.

Son sufuerzaporque son el símbolo visible y respetado del socorro a las víctimas de la guerra que, desde hace 125 años, ha permitido prestar protectión, asistencia y calor humano a millones de heridos, prisioneros, niños, familias, etc., en el marco de los terribles conflictos que han convulsionado nuestro planeta como nunca en su historia. Son su fuerza porque evocan, en el mundo entero, una imagen positiva de humanidady de compasión.

Pero esos emblemas son también ladebilidaddel Movimiento, porque son portadores de división en su seno y le impiden alcanzar la universalidad.

Ante este problema, quisiéamos, naturalmente, rehacer la historia.

Como se sabe, la sociedad africana tiene una organización que refleja sus usos y costumbres. El sistema de pensamiento africano, por estar esencialmente impregnado de humanismo, ha generado concepciones y prácticas que sitúan a los pueblos africanos en la categoryía de las civilizaciones humanitarias. Se considera que la llegada de la colonización fue más bien una restricción para dichas manifestaciones, cuando se instalaban instituciones inspiradas en los valores importados. La independencia, al mismo tiempo que ha brindado a los Estados africanos la oportunidad de participar, al lado de los demás países, en la construcción de la civilización universal, les ha planteado, paradójicamente, numerosos dilemas tanto en lo económico, lo político y lo socio-cultural como en cuanto a la elección para actuar siguiendo a rajatabla los modelos importados, en particular europeos, o recurriendo para todo a las tradiciones ancestrales. Sin embargo, nos parece que el ámbito humanitario es uno de los poquísimos que podria—que debería—escapar a esta lógica de los antagonismos maniqueos.

La difusión y la observancia de las normas del derecho humanitario tienen como finalidad limitar los efectos de los conflictos armados y proteger en la mayor medida posible a las víctimas. Al mismo tiempo, el derecho humanitario requiere la difusión entre los pueblos de los ideales humanitarios y de la paz. Resulta tanto más clara la relación entre la lucha en pro de la paz, la prohibición del recurso a la violencia y el derecho humanitario, cuanto que se estó imponiendo la opinión de que la paz duradera, el desarrollo y la cooperación internacional pacifica sólo son posibles si se observa el derecho humanitario y se respeta la vida y la dignidad humanas.

También cabe comprobar que, en numerosos conflictos armados, se violan precisamente la prohibición del recurso a la violencia y las normas fundamentales del derecho humanitario y que se propicia la inobservancia de esas normas con concepciones de primer ataque nuclear y «guerra de las estrellas».

Los Principios Fundamentals de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja son la piedra angular de la doctrina del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja; determinan su misión y el marco de su acción; obligan a todos sus componentes en todas las circunstancias. Los miembros del Movimiento tienen el deber de hacer comprender y de difundir esos principios a fin de que sean más respetados.

Ahora bien, no cabe duda de que, fuera del Movimiento, no son suficientes el conocimiento y la comprensión de estos principios y que se impone una detenida reflexión al respecto. ¿Se trata acaso de un problema de formulación, como lo sugiere el señor Donald Tansley en su Informe sobre la Reevaluación del Cometido de la Cruz Roja? El autor de «Una agenda para la Cruz Roja» considera que los principios nos están formulados de forma fácilmente inteligible o transmisible y propone, por consiguiente, un nuevo enunciado de los principios «en terminos facilmente comprensibles».

En el derecho internacional público se prohíbe la tortura. También se prohíbe explícitamente en la legislación de buen niimero de países. No obstante, es poco decir que continúa ensañándose actualmente, en formas violentas o según métodos cada vez más insidiosos, afectando con cada vez mayor frecuencia a los niños. De tal modo que, en 1976, ante la amplitud y la gravedad delproblema, el CICR consideró necesario hacer oír su voz y explicar la acción que realiza contra la tortura. Y nunca, tal vez, desde finales del decenio de 1970, las organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, han sido tan numerosas y tan activas para luchar contra la tortura.

Por lo tanto, cuando la comunidad internacional acaba de celebrar el 40° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y cuando está en vísperas de conmemorar el bicentenario de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, nos ha parecido oportuno hacer el inventario de los medios empleados, tanto jurídicos como prácticos, para luchar contra la tortura, así como de las iniciativas lanzadas, estos últimos años, tanto por organizaciones públicas y privadas como en el interior del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

En la Europa de la primera mitad del siglo XIX, cada ejército señalaba sus servicios sanitarios con una bandera de color diferente: bianco en Austria, rojo en Francia, amarillo en España y negro en otros lugares. A veces, estos emblemas variaban de un cuerpo de tropa a otro. Además, ningún signo particular permitía distinguir los furgones sanitarios de los demás medios de transporte del séquito, y nada permitía identificar a distancia a los miembros del servicio de sanidad.

Es fácil imaginar, pues, las consecuencias de dicha situación: los soldados apenas sabían reconocer las ambulancias de su ejército y menos aun las del adversario. Por consiguiente, se disparaba tanto contra los furgones del servicio sanitario como contra los que contenían municiones. Los médicos y los enfermeros corrían el mismo peligro que los combatientes.

Se acepta generalmente que la instrucción por lo que respecta a los derechos humanos puede ser uno de los más efectivos medios para promover la observancia de esos derechos. Los que por su profesión ejercen poder sobre otros tienen la obvia necesidad de conocer los lísmites de su poder; integran dicho grupo los miembros de las fuerzas armadas. Sus actos, donde quiera que se cometan, comprometen la responsabilidad de su Estado, de conformidad con los tratados de derechos humanos. Por lo tanto, es necesario instruirlos sobre el derecho de los derechos humanos, especialmente sobre los derechos no derogables, sin embargo, el conjunto de normas que impone las mayores prohibiciones y límites a la conducta de las fuerzas armadas es el derecho humanitario. Se utiliza aquí este término para incluir tanto «el derecho de La Haya», que limita los medios y los métodos de hacer la guerra, como el «derecho de Ginebra», cuya finalidad es proteger a ciertas víctimas del conflicto, tales como los heridos y los enfermos en el campo de batalla, los heridos, enfermos y náufragos en el mar, los prisioneros de guerra y las personas civiles que viven bajo ocupación extranjera.

La comunidad internacional no ignora que uno de los delitos más abominables y repudiables es la toma de rehenes, que atenta contra derechos inherentes a la persona, como son la vida, la libertad y la seguridad individual, protegidos en instrumentos vinculantes tales como, a nivel universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y, a nivel zonal, la Convenciín Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950.

Como ha señalado la Asamblea General de las Naciones Unidas, la toma de rehenes es un acto que pone en peligro vidas humanas inocentes y viola la dignidad humana.

De conformidad con lo expuesto, en la legislación nacional de cada país se considera el homicidio, el rapto, el secuestro y la extorsión como delitos sumamente graves, severamente castigados por el derecho interno.

Se ha afirmado, con razón, que la Cruz Roja y la Media Luna Roja no representan ni una filosofía ni una moral. Los Principios Fundamentales y el derecho internacional humanitario no proponen una visión sistemática de la naturaleza humana o un catálogo de los derechos y deberes morales de los miembros del Movimiento. La Cruz Roja no toma partido por una ideología o un sistema político. Al contrario, su alto grado de universalidad le permite, aunque con resultados variables, adaptarse, e incluso influenciar, a cualquier régimen u orientación política en una perspectiva humanitaria. Esta facultad es la consecuencia, principalmente, del respeto del principio de neutralidad.

En ese sentido, el principio de neutralidad es un elemento positivo: rehusando identificarse a una ideología, religion o concepción filosófica, la Cruz Roja conserva su libertad para servir al ser humano, dondequiera que se encuentre y quienquiera que sea.

A pesar de que la noción de «respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales para todos» se ha abierto camino en el mundo entero tras la Segunda Guerra Mundial y ha dejado su huella tanto en la legislación interna de muchos Estados como en el derecho internacional público, es un hecho que la tortura, violación grave de la dignidad inherente a la persona humana, se practica desde hace años —y sigue practicándose— en numerosos países de manera sistemática u ocasional. La tortura, por la cual «se infligen intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales», tiene por objeto obtener de esa persona información y confesiones, así como intimidarla y envilecerla y, por último, castigarla —de manera ilegítima— por un acto que haya cometido realmente o que se sospeche que ha cometido.

En la Antigüedad, algunos grandes capitanes se hacían acompañar por su médico personal. Los Romanos tenían, por lo menos, un médico en cada cohorte (es decir, para 500 ó 600 hombres) y la Iegión, que contaba con diez cohortes, tenía un «medicus legionis», que era, sin duda, una especie de jefe de sanidad. En las Cruzadas, el sultán Salah-El-Dine (Saladino) dio un ejemplo de humanidad autorizando a los médicos del campo adversario a que cuidaran a los cristianos que habían sido hechos prisioneros por su ejército y a que regresaran luego a su campo a través de las líneas. San Luis, rey, fue cuidado por médicos árabes. Sin embargo, es necesario llegar al siglo XVI para que empiece a ser organizado un servicio de sanidad en los ejércitos de Europa. Pero este servicio seguía todavía trágicamente insuficiente.

Esta situación mejoró en el siglo XVIII, como resultado de la civilización.

Una Potencia neutral podrá autorizar el paso por su territorio de los heridos o enfermos pertenecientes a los ejércitos beligerantes, a reserva de que los trenes que los conduzcan no transporten personal ni material de guerra. En tal caso, la Potencia neutral estará obligada a tomar las necesarias medidas de seguridad e inspección con ese fin (Convenio Núm. V de La Haya, art. 14). (El personal y el material necesarios para atender a los heridos y a los enfermos están, por consiguiente, autorizados).

Los heridos o enfermos conducidos en estas condiciones al territorio neutral por uno de los beligerantes, y pertenecientes a la Parte contraria, deberán ser retenidos por la Potencia neutral, de manera que no puedan tomar nuevamente parte en las operaciones de guerra (Convenio Núm. V de La Haya, art. 14).

Las personas protegidas por los Convenios de Ginebra deben ser, en primer lugar, respetadas como tales, es decir, en su calidad de seres humanos. Se les debe, además, cierto respeto como individuos, soldados, nacionales de un país extranjero y, en cierta medida, como combatientes.

No se puede atentar contra la vida de las personas protegidas por los Convenios de Ginebra (C. I–IV, art. 3; C. I y II, art. 12; C. Ill, art. 13; C. IV, art. 27; P. I, arts. 10, 51 y 75). Se debe respetar su persona y su honor (C. Ill, art. 14; C. IV, art. 27); se las debe tratar con humanidad (C. Ill, art. 13; C. IV, art. 27) y no se puede atentar contra su dignidad (C. I–IV, art. 3; P. I, art. 75). Los heridos, los enfermos y los muertos deben ser identificados (C. I, art. 16; C. II, art. 19; C. Ill, art. 120; C. IV. art. 130). La inhumación debe ser decente (C. I, art. 17; C. II, art. 20; C. III, art. 120; C. IV, art. 130).

En un hospital civil reconocido por el Estado prestan servicio dos categorías de médicos que forman parte de su plantilla. Están, por un lado, los facultativos de dedicación exclusiva y, por otro, los que trabajan a tiempo parcial, a quienes se ha recurrido para reforzar el equipo médico a causa de un conflicto armado con un país vecino. Unas semanas más tarde, es ocupado militarmente el país. Un día, dos médicos que trabajan a tiempo parcial vuelven a su casa en un automóvil privado marcado con el emblema protector de la cruz roja. Una patrulla de policía hace un control del vehículo y de sus ocupantes, a raíz del cual son confiscados el vehículo y los brazales de identificación de los dos médicos, por razón de la utilización abusiva del emblema de la cruz roja a título protector, es decir, violando los artículos 24, 25, 26 y 44 del I Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña, así como los artículos 20 y 21 del IV Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra.

El 27 de junio de 1986, la Corte Intemacional de Justicia (CIJ), dictó sentencia sobre el caso de las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua. El caso, que implicaba a Nicaragua contra los Estados Unidos de América, es notable en muchos aspectos, como también lo fue el juicio. Deseo destacar dos rasgos especiales. Se trata de una situación de conflicto armado y se menciona a la Cruz Roja.

El hecho de que la Corte de La Haya se haya ocupado poquísimas veces de una situación real de conflicto armado es una consecuencia de la oposición de los Estados a someter tales cuestiones a su jurisdicción. Que en este caso la Corte haya podido, por lo menos, intervenir es un accidente de procedimiento más bien que el efecto de una actitud excepcionalmente loable de las partes contendientes. Dado que no parece probable que este ejemplo lo sigan pronto muchos, puedo considerarlo tal cual.

El Comité Internacional de la Cruz Roja se congratula por todos los esfuerzos que se hagan para potenciar la protección de las personas privadas de libertad contra la tortura. Por lo tanto, se felicita de la aprobación del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de los Castigos o Tratos Inhumanos o Degradantes, que debería permitir la instauración de un eficaz sistema de control para prevenir y reprimir esas prácticas inhumanas en los países miembros del Consejo de Europa que lo hayan ratificado.

Segiin la experiencia del CICR, las visitas a los lugares de detención son el mejor método de control internacional para prevenir actos de tortura. Para ser eficaces, dichas visitas deben atenerse a cierto número de modalidades, tales como la conversación sin testigos con los detenidos, el registro de sus nombres, su repetición.

La Conferencia de Ginebra de agosto de 1864 se celebró a puerta cerrada. Un dibujo publicado en el periódico satírico el Carillon de Saint-Gervais refleja la reacción de los periodistas ante tal decisión. Se ve a tres personajes que simbó1icamente representan a tres periódicos ginebrinos, Journal de Genève, La Démocratie suisse y Carillon de Saint-Gervais, bloqueados delante de la puerta del Congreso Internacional, en la cual figuran estas palabras: Prohibido entrar. En el pie: Tribuna abierta a la prensa por el Congreso Internacional. Era, sin duda, la primera expresión, de cierta reserva que a veces ha caracterizado las relaciones de las instituciones humanitarias y la prensa de información. Afortunadamente, los tiempos han cambiado. Información y difusión son hoy elementos esenciales de la política del Comité Internacional de la Cruz Roja y se puede suponer que, si un dibujante ilustrase, a su vez, el desarrollo de una conferencia internacional, la representaría con las puertas de par en par.

Coetáneo del Convenio de 1864 —del que constituye una de las innovaciones más notables— el emblema de la cruz roja no ha dejado de suscitar, desde entonces, discusiones, debates, incluso controversias en cuanto a su naturaleza, sus objetivos y sus destinatarios, así como con respecto a las condiciones que debe reunir su uso.

El emblema de la cruz roja, como el de la media luna roja, adquirió rápidamente un cometido crucial en la aplicación y en la práctica de las normas del derecho internacional humanitario (DIH). Actualmente, se puede afirmar que paredes enteras del edificio constituido por el derecho de los conflictos armados estriban en el respeto del emblema y en las condiciones de utilización de éste.

«Víctima» de su éxito, el emblema, que había sido creado sólo como signo distintivo de los servicios sanitarios de las fuerzas armadas y de sus tropas auxiliares, vio ampliarse considerablemente, en el transcurso de los años, el círculo de sus usuarios.

En 1983, el Comité Suizo contra la Tortura, animado por su fundador, el fallecido Jean-Jacques Gautier, decidió convocar en Ginebra un coloquio sobre los medios de lucha contra la tortura. A esa reunion asistieron, en representación de numerosas organizaciones que defienden los derechos humanos, 70 expertos procedentes de unos 30 países. Llegó a la conclusión de que es necesario desarrollar un mecanismo que permita potenciar el cometido de los cientos de ONG (organizaciones no gubernamentales) que se han constituido en el mundo para luchar contra la tortura. Sugirió, en particular, la creación de un servicio que acelere la transmisión de las informaciones recogidas por dichas ONG, facilitando rápidas intervenciones ante las Naciones Unidas y otras organizaciones zonales encargadas de defender los derechos humanos, favoreciendo también, cuando parezca conveniente, una concertación para la acción, prestando, por último, una ayuda a las víctimas de la tortura.